Adquisición de una Bandera Nacional para el Puesto de la Guardia Civil de La Atunara (8 de julio de 1932)
En la sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 1932, bajo la presidencia del alcalde don Antonio Gil Ruiz, y con la asistencia de los tenientes de alcalde don Mauricio Ortega Gavira, don José Bonelo Gazzolo, don Arturo Martínez Fuentes, don Manuel Chacón de la Mata, don Francisco Chacón Martorell y don José Agüero Baro, así como de los concejales don Francisco Cascales Lozano, don Juan Podadera Vega, don Fernando Prieto Díaz, don Antonio Guerrero Ballesteros, don Salvador Amaya Hurtado, don Antonio Martínez Fuentes, don Luis Repullo Cejudo, don Gonzalo Meléndez Araujo, don Antonio Acedo del Olmo Carreño y don Modesto Rodríguez Pérez, actuando como Interventor accidental don Manuel Marín Pérez y como Secretario don Antonio Alonso Giráldez, la Corporación abordó un asunto relacionado con el puesto de la Guardia Civil de La Atunara.
Por orden de la Presidencia se dio lectura a una propuesta elevada por la Comisión Municipal de Gobierno Interior, redactada en cumplimiento de una comunicación remitida por el Gobernador Civil de la provincia. La iniciativa proponía que el Ayuntamiento adquiriese una Bandera Nacional destinada al puesto de la Guardia Civil de La Atunara, con el fin de que pudiera ser izada durante los días festivos y en las solemnidades de carácter nacional.
Abierto el debate, la propuesta fue sometida a la consideración de la Corporación. El concejal don Mauricio Ortega Gavira manifestó su oposición a la iniciativa y emitió el único voto en contra del acuerdo. En la explicación de su postura argumentó que el Ayuntamiento debía atender con carácter preferente las numerosas necesidades que afectaban en aquellos momentos a la población linense, haciendo especial referencia a la grave situación de paro obrero que atravesaba la ciudad y que exigía destinar los recursos municipales a fines de mayor urgencia social.
Pese a estas consideraciones, la mayoría de los concejales estimó procedente acceder a la petición formulada por el Gobernador Civil y aprobó la adquisición de la enseña nacional. Los miembros favorables al acuerdo entendían que la presencia de la bandera constituía un elemento propio del decoro institucional del puesto de la Guardia Civil y resultaba adecuada para los actos oficiales, festividades y conmemoraciones de carácter nacional.
El acuerdo pone de manifiesto cómo, en plena Segunda República, la Corporación Municipal hubo de conciliar las solicitudes procedentes de la Administración del Estado con la difícil realidad económica y social que atravesaba La Línea de la Concepción, donde el desempleo y las dificultades derivadas de la crisis ocupaban buena parte de la atención del Ayuntamiento. Asimismo, refleja la diversidad de criterios existente entre los miembros de la Corporación, quedando constancia en el acta tanto de la aprobación mayoritaria del acuerdo como de la posición discrepante sostenida por Mauricio Ortega Gavira, quien antepuso las necesidades sociales de la población a la realización de un gasto de carácter protocolario.
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