La protesta española contra la ocupación de Gibraltar en el Diario de Córdoba (1 de mayo de 1872)
El miércoles 1 de mayo de 1872, el periódico Diario de Córdoba, en su número 6512, publicó un extenso artículo titulado “Protesta contra la ocupación de Gibraltar por Inglaterra”, texto que recogía una declaración promovida por diversas corporaciones españolas y dirigida a la prensa periódica europea. El documento constituyó una de las manifestaciones públicas más contundentes del pensamiento español del siglo XIX respecto a la soberanía de Gibraltar y a la permanencia británica en el Peñón.
El escrito comenzaba recordando la ocupación de Gibraltar en 1704, durante la Guerra de Sucesión Española. El artículo describía aquel episodio como un acto de aprovechamiento político realizado por Inglaterra en un momento de debilidad de la monarquía española y de profunda inestabilidad internacional. La pérdida del Peñón era presentada como consecuencia de las ambiciones de las potencias europeas y como uno de los ejemplos más notorios de la política expansionista británica de la época.
La narración insistía en que, desde aquella fecha, España jamás había renunciado moral ni políticamente a Gibraltar. Según exponía el texto, la nación española había mantenido durante más de siglo y medio una reclamación continua sobre el territorio, entendiendo que la ocupación británica vulneraba los principios del derecho, de la moral y de la dignidad nacional. El documento afirmaba que numerosos jurisconsultos europeos reconocían el derecho histórico de España sobre la plaza, y consideraba incomprensible que Gran Bretaña persistiera en conservar el enclave pese a las reiteradas reclamaciones españolas.
El artículo atribuía a Inglaterra una política de “rapiña territorial”, acusándola de sostener su presencia en Gibraltar únicamente por la fuerza militar y por el poder de sus cañones. Del mismo modo, criticaba la actitud británica ante las reclamaciones españolas, afirmando que Londres respondía con silencio y desprecio a las peticiones de restitución realizadas tanto por la prensa como por la opinión pública española.
Uno de los aspectos centrales del texto era la descalificación del Tratado de Utrecht de 1713. Las corporaciones firmantes sostenían que España no había podido negociar libremente las condiciones del acuerdo y que los representantes franceses que actuaron en nombre de Felipe V se habían excedido en sus atribuciones al permitir la cesión del Peñón. Además, se afirmaba que existían documentos oficiales en los que se prohibía expresamente entregar territorio español a Inglaterra durante las negociaciones de paz.
El documento añadía que el reconocimiento posterior de la soberanía británica sobre Gibraltar había sido obtenido bajo presión y circunstancias excepcionales, sin la aprobación de los Procuradores del Reino. Según el texto, incluso Inglaterra habría llegado a admitir en determinados momentos la legitimidad de las protestas españolas, recordándose supuestas promesas de restitución realizadas en tiempos de Jorge I.
La protesta insistía igualmente en el componente moral y patriótico de la cuestión. La presencia del pabellón británico en territorio considerado español era presentada como una ofensa permanente al honor nacional y al sentimiento patriótico de los españoles. El escrito rechazaba cualquier posibilidad de compensación económica o intercambio territorial, afirmando que aceptar una negociación de ese tipo equivaldría a legitimar una invasión y reconocer un derecho que Gran Bretaña nunca había poseído legítimamente.
En la parte final del artículo, las corporaciones españolas firmantes anunciaban que elevaban su protesta ante la opinión pública europea y se reservaban el derecho de llevar la cuestión ante un futuro Congreso Europeo si España no obtenía justicia. El texto concluía declarando a Inglaterra potencia “usurpadora” de Gibraltar y reiterando que España no renunciaría jamás a reclamar la restitución de la plaza.
La publicación aparecía firmada como copia por Antonio Fernández y García, e incluía la referencia a que el documento original estaba respaldado por diversas corporaciones españolas. La difusión de este manifiesto en la prensa provincial andaluza reflejaba la importancia que seguía teniendo en la España de la Restauración el problema de Gibraltar, convertido ya no solo en una cuestión diplomática, sino también en un símbolo de reivindicación nacional y de defensa de la integridad territorial española.
Transcripción Literal:
PROTESTA CONTRA LA OCUPACIÓN DE GIBRALTAR POR INGLATERRA
He aquí la enérgica protesta que contra la ocupación de
Gibraltar por Inglaterra han formulado ante la opinión pública de Europa varias
corporaciones españolas.
A LA PRENSA PERIÓDICA
DE EUROPA.
En los primeros años del pasado siglo, en 1704, cuando la
Nación española, la heroica y noble Nación española, era víctima de la
desmentida ambición de los Soberanos de Europa, que explotaron inicua mente sus
desgracias, Inglaterra se apoderó del Peñón de Gibraltar, cometiendo uno de
esos grandes crímenes que tanto distinguieron entonces su política de rapiña; crimen
que más tarde hizo santificar el tratado de Utrecht, por medios tan reprobados
y feos, que escandalizaron a los menos escrupulosos en aquella triste época de
arbitrariedades.
Desde entonces no ha dejado un día España de clamar por la
plaza que le fue usurpada, disputando su dominio a la nación que hoy la posee
contra todas las leyes del derecho y la moral, contra el deseo justo y legítimo
de un pueblo herido en su honra, y con detrimento de su propia dignidad.
Reconocido por los jurisconsultos más eminentes de Europa el
derecho que España tiene para pedir siempre la usurpada plaza de Gibraltar,
demostrado hasta la evidencia en distintas ocasiones, parecía natural que la
Gran Bretaña, anteponiéndose a frívolas y enojosas reclamaciones, se dispusiera
a realizar un acto tan justo como la devolución de ese pedazo del territorio
español, dando una prueba de que sabe respetar el derecho moderno de las
nacionalidades, que no permite trasgresiones del principio de justicia tan
odiosas como la que viene cometiendo.
En vano la Nación española ha esperado en estos últimos
tiempos la reparación que se le debe desde el pasado siglo. Inglaterra persiste
con asombro de todos los hombres honrados y juiciosos en su sistema de rapiña
territorial, sosteniendo su pabellón en la embocadura del Mediterráneo, donde
un día lo implantara amparado de la traición y la perfidia.
Á las continuas excitaciones de la prensa periódica española,
a las manifestaciones de la opinión pública de España, responde con el
silencio; confiada en la fuerza bruta de sus cañones; esperando alguna
indemnización metálica, o algún cambio de territorio, como si pudiera un pueblo
digno hacer de una cuestión de honra un negocio mercantil.
Parece, obrando de esa manera, que trata de justificar la
animadversión que todavía existe contra ella, producto de la extraña política
que ha seguido en sus relaciones con las demás potencias.
Dar en cambio de Gibraltar a la Nación británica la
recompensa a que al parecer aspira, sería lo mismo que admitir como justo el
hecho de la invasión, sería reconocer en Inglaterra un derecho de que siempre
ha carecido, un derecho que no tiene en la actualidad, y que no pueden
prestarle los años transcurridos desde 1704, el odioso tratado de Utrecht,
especie de contrato leonino, nulo y sin valor ante cualquier tribunal.
Y el derecho que tiene España a reclamar incondicionalmente
esa parte de su territorio usurpado, es incuestionable; basta para acreditarlo
revisar los documentos que existen sobre el hecho de la ocupación, y examinar
las correspondencias que han mediado acerca de este mismo asunto entre el
Gobierno británico y el español en diferentes épocas.
Por eso la nación española, que no tendría el menor reparo en
someter la cuestión al fallo de un Congreso Europeo, tanta seguridad tiene en
su derecho, se ve obligada a protestar enérgicamente contra la ocupación de
Gibraltar por Inglaterra, en vista de su obstinación en poseer dicha plaza.
Cuando un pueblo escarnece con perjuicio directo de otro las
reglas de la moral y desconoce el derecho que acaso tenga necesidad mañana de
invocar, cuando una nación cualquiera, sin causa fundada ni aparente hiere y
ultraja en sus mas caros sentimientos, mostrándose sorda á legítimos deseos, se
entrega al desprecio y la animadversión de los demás pueblos del continente.
Si se encuentra Inglaterra en este caso, si debe ser tratada
con todo el desprecio que inspiran actos repugnantes, violaciones criminales,
lo dirá pronto por medio de sus órganos la opinión pública de Europa, cuyo
juicio interesa la adjunta solemne protesta, que en nombre de España formulan
sus representantes mas genuinos y autorizados.
Entre tanto, las Corporaciones españolas que suscriben, creen
de su deber acusar de injusta y usurpadora á la Gran Bretaña, sin renunciar al
derecho de reclamar nuevamente la plaza de Gibraltar, hasta que se restituya.
PROTESTA.
Considerando que Inglaterra se apoderó del Peñón de Gibraltar
cuando no estaba en guerra expresamente con España, según hizo notar en uno de
sus manifiestos el honorable Mr. Bright, y que hoy retiene en su poder esa
parte del territorio español contra todos los códigos de la moral;
Considerando que en el Congreso de Utrecht no tuvieron
entrada los embajadores españoles; que fue negado a España el derecho de
discutir las condiciones de aquel tratado;
Considerando que los embajadores franceses que representaron a
España en dicho Congreso no ajustaron su conducta al espíritu y letra del poder
que para la mencionada representación otorgó Felipe V a Luis XIV, rey de
Francia;
Considerando que en el expresado documento oficial se prohibía
terminantemente ceder á Inglaterra en el ajuste de la paz la más pequeña parte
del territorio español;
Considerando que los representantes de Francia se
extralimitaron al ceder á la Gran Bretaña el Peñón de Gibraltar, que no estaban
autorizados a hacer esa concesión;
Considerando que el Gobierno de España protestó oportunamente
contra esa arbitrariedad, negándose á reconocer coacción tan injusta y
humillante;
Considerando que solo por la fuerza se arrancó después al
Gobierno español el reconocimiento tras del cual se escuda Inglaterra para
seguir ocupando a Gibraltar;
Considerando que dicho reconocimiento no fue aprobado por los
Procuradores del Reino; que el Gobierno español no pudo consultar á los
Procuradores; que obró bajo la presión de circunstancias muy azarosas;
Considerando que volvió á protestar, y fue admitida como
justa su protesta por la Gran Bretaña; y hecha pública promesa de restituir la
usurpada plaza;
Considerando que dicha oferta hecha en nombre de Inglaterra
por Jorge I envolvía el reconocimiento del derecho que España tiene para
reclamar sin condición alguna esa parte de su territorio;
Considerando que el pabellón británico, enclavado en
territorio español, hiere continuamente la dignidad de una nación noble y
altiva, y el sentimiento patrio de sus hijos;
Considerando que una potencia no puede tener dominios en otra
sino por derecho de descubrimiento, indemnización justa de guerra, estado de
salvajismo del país dominado o mutuo convenio;
Considerando que Inglaterra no puede alegar ninguno de estos
casos: que posee á Gibraltar por derecho de usurpación manifiesta; que retiene
esa plaza contra la voluntad de España.
Las corporaciones españolas que suscriben, protestan
solemnemente contra la ocupación de Gibraltar por Inglaterra ante el severo
tribunal de la opinión pública de Europa, reservándose el derecho de elevar
esta protesta al Congreso Europeo que más pronto se reúna, si antes no se le
hace justicia á la Nación española.—(Siguen las firmas de varias importantes
corporaciones españolas.)—Es copia:—Antonio Fernández y García.
Realizado por:Luis Javier Traverso
