sábado, 6 de junio de 2026

¿Sabías que…? Tal día como hoy, 8 de junio, en 1966 se proyectaba “El Brujo” en el Imperial Cinema de La Línea

 









El estreno de “El Brujo” en el Imperial Cinema de La Línea (8 de junio de 1966)

La noche del miércoles 8 de junio, los aficionados al cine de intriga y misterio de La Línea de la Concepción tuvieron una cita destacada con la cartelera local. El Imperial Cinema anunciaba como estreno principal la proyección de El Brujo, una producción alemana que llegaba precedida por el éxito que las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Edgar Wallace estaban cosechando en toda Europa.

El programa publicado para aquella jornada mostraba la intensa actividad cinematográfica que vivía la ciudad. Mientras el Imperial Cinema ofrecía su sesión desde las ocho y media de la tarde, otros locales competían por atraer al público. El Parque de Verano exhibía la película Tengo 17 años con Rocío Dúrcal, el Cine Levante presentaba el estreno de Dr. Terror, el Trímope Cinema proyectaba dos largometrajes y el Cine Nuevo repetía también el éxito juvenil de Rocío Dúrcal. Sin embargo, para los amantes del suspense, la atención estaba centrada en la inquietante figura que dominaba el cartel de El Brujo.

La ilustración publicitaria resultaba especialmente impactante. Una mujer aterrorizada ocupaba el primer plano mientras una enorme silueta oscura, con sombrero y rostro oculto, se alzaba amenazante tras ella. Aquella imagen resumía perfectamente el ambiente de misterio que caracterizaba a la producción dirigida por Alfred Vohrer.

La película estaba basada en una de las célebres novelas policíacas de Edgar Wallace, autor cuyas historias habían conquistado a millones de lectores gracias a sus complejas tramas criminales, sus personajes ambiguos y sus sorprendentes desenlaces. Durante los años sesenta, la industria cinematográfica de Alemania Occidental adaptó numerosas obras del escritor británico, dando origen al conocido fenómeno cinematográfico denominado Krimi, una combinación de cine negro, suspense y misterio que alcanzó gran popularidad en Europa.

La historia de El Brujo comenzaba con un crimen aparentemente sencillo. La secretaria de un influyente abogado londinense aparecía muerta en circunstancias sospechosas. Lo que inicialmente parecía un accidente pronto revelaba una trama mucho más oscura cuando se descubría que la víctima era hermana de un legendario criminal conocido como “El Brujo”, un hombre cuya fama se extendía por todo el mundo del hampa debido a su extraordinaria habilidad para disfrazarse y adoptar identidades falsas.

La noticia provocaba el pánico tanto entre los delincuentes como entre la policía. Los criminales temían la llegada de una implacable venganza, mientras que Scotland Yard intentaba anticiparse a los movimientos de aquel personaje casi fantasmagórico. La investigación quedaba en manos del Inspector Higgins, interpretado por Joachim Fuchsberger, una de las grandes estrellas del cine policíaco alemán de la época.

A medida que avanzaba la narración, la ciudad de Londres se convertía en un auténtico tablero de engaños y falsas apariencias. Cada nuevo personaje parecía ocultar un secreto. Las identidades se confundían constantemente y el espectador era conducido por una sucesión de sospechas, pistas contradictorias y asesinatos cuidadosamente planificados.

Uno de los elementos más originales de la película residía precisamente en la imposibilidad de saber quién era realmente El Brujo. El criminal podía estar oculto bajo cualquier apariencia. Esta incertidumbre mantenía la tensión durante todo el metraje y convertía el desenlace en un auténtico juego de inteligencia entre el espectador y los investigadores.

El reparto reunía a algunas de las figuras más conocidas del cine alemán del momento. Junto a Joachim Fuchsberger aparecían Heinz Drache, Sophie Hardy, Margot Trooger, Siegfried Lowitz y René Deltgen. La música de Peter Thomas contribuía además a reforzar la atmósfera inquietante y elegante que caracterizaba a estas producciones.

Filmada en blanco y negro y presentada en formato Ultrascope, la película destacaba por su cuidada fotografía, sus escenarios sombríos y una puesta en escena que recordaba al mejor cine negro británico y estadounidense de la época. Todo ello convertía a El Brujo en una propuesta diferente dentro de la programación habitual que llegaba a las salas españolas.

Aquella noche de junio, los espectadores que acudieron al Imperial Cinema se encontraron con una historia llena de asesinatos, disfraces, identidades ocultas y giros inesperados. Durante más de ochenta minutos permanecieron inmersos en una intriga donde nadie era exactamente quien decía ser y donde la sombra de un misterioso vengador parecía acechar cada rincón de Londres.

La proyección de El Brujo constituye hoy un pequeño testimonio de la riqueza y variedad de la cartelera cinematográfica linense durante los años sesenta. En una época en la que la ciudad contaba con varios cines funcionando simultáneamente, el público podía elegir entre cine español, terror británico, aventuras clásicas o sofisticados thrillers europeos como esta producción alemana que, durante unos días, convirtió al Imperial Cinema en el escenario local de una de las historias de misterio más populares del cine criminal europeo.

Tal día como hoy...

El 8 de junio de 1966, los espectadores que acudieron al Imperial Cinema pudieron sumergirse en el misterioso mundo de “El Brujo”, una de las películas más representativas del cine policíaco alemán de los años sesenta, mientras La Línea disfrutaba de una de las carteleras cinematográficas más variadas y activas de toda su historia.










¿Sabías que…? Tal día como hoy, 28 de junio, en 1932, nació el Ateneo de Divulgación Social de La Línea

 







Constitución del Ateneo de Divulgación Social de La Línea de la Concepción (28 de junio de 1932)

La noche del 28 de junio de 1932, a las diez en punto, tuvo lugar en La Línea de la Concepción una reunión que marcaría el nacimiento de una nueva entidad cultural y social dentro de la ciudad. Aquel encuentro había sido previamente autorizado por las autoridades y tenía como finalidad constituir oficialmente el denominado Ateneo de Divulgación Social, institución que surgía tras la desaparición del anterior Ateneo existente en la localidad.

La sesión estuvo presidida por Juan Parrado Ríos, quien tomó la palabra para explicar a los asistentes las circunstancias que habían llevado a la creación de la nueva entidad. Según manifestó, la clausura del antiguo Ateneo había generado la necesidad de organizar una nueva asociación capaz de continuar desarrollando actividades culturales, educativas y sociales entre la población linense.

Una vez expuestos los motivos que justificaban la constitución del Ateneo de Divulgación Social, se procedió a dar lectura al reglamento que debía regir la nueva organización. El documento fue objeto de un amplio debate entre los asistentes. Uno de los asuntos que despertó mayor interés fue la posibilidad de admitir en la entidad a personas vinculadas a partidos políticos.

La cuestión fue discutida extensamente por los concurrentes. Tras diversas intervenciones y deliberaciones, se acordó finalmente que la nueva institución no admitiría la participación de políticos dentro de su estructura, decisión que quedó incorporada a los principios fundacionales de la asociación. Con ello se pretendía mantener el carácter cultural y divulgativo de la entidad, evitando que las actividades desarrolladas pudieran identificarse con intereses partidistas concretos.

Concluido el examen del reglamento, se procedió a la lectura del estado económico heredado de la organización anterior. Las cuentas reflejaban una existencia en caja de tan solo ochenta y cinco céntimos, cifra que evidenciaba la modestia de los recursos con los que iniciaba su actividad la nueva institución.

A continuación se celebró la elección de la primera Junta Directiva. Los asistentes designaron para los distintos cargos a un grupo de vecinos que asumirían la responsabilidad de organizar y dirigir el funcionamiento del Ateneo.

La Secretaría General quedó encomendada a Manuel Gacela Santos, mientras que el puesto de Secretario Adjunto recayó en Eugenio Vallejo Herrero. Para la Tesorería fue elegido Pascual Ríos Torres, correspondiendo el cargo de Contador a Antonio Piñer Rivera. La responsabilidad de la Biblioteca, elemento fundamental en una entidad dedicada a la divulgación cultural, fue confiada a Rafael González González.

Como vocales fueron designados Francisco Cózar Sánchez, Antonio Romero Zambrana y Diego Gómez Benítez, completándose así la composición inicial de la directiva que habría de dirigir los primeros pasos del Ateneo.

Una vez constituida formalmente la Junta Directiva, los asistentes continuaron examinando diversos proyectos destinados a impulsar las actividades de la nueva entidad. Entre las iniciativas planteadas figuró la creación de un grupo artístico, destinado a organizar representaciones y actividades escénicas; un grupo naturista, acorde con las corrientes culturales e higienistas que gozaban de notable difusión durante aquellos años; y un grupo de prensa, cuya misión sería colaborar en la divulgación de las actividades desarrolladas por el Ateneo y fomentar la participación ciudadana.

Igualmente se acordó constituir una Comisión Revisora, encargada de supervisar determinados aspectos de la gestión interna y contribuir al adecuado funcionamiento de la asociación.

Concluidos los asuntos previstos en el orden del día, los asistentes acordaron volver a reunirse el martes siguiente para continuar organizando las actividades de la entidad y desarrollar los proyectos que acababan de aprobarse. Acto seguido se levantó la sesión, quedando oficialmente constituido el Ateneo de Divulgación Social de La Línea de la Concepción.

La comunicación de todo lo ocurrido fue remitida posteriormente a la Alcaldía por el Oficial Delegado Daniel Sánchez, quien informó oficialmente de los acuerdos adoptados durante aquella reunión fundacional celebrada el 28 de junio de 1932.

La creación de este Ateneo constituyó un nuevo intento de mantener vivo el movimiento cultural y asociativo linense durante los primeros años de la Segunda República. Su fundación evidenció la voluntad de numerosos vecinos de continuar promoviendo espacios dedicados a la educación popular, la cultura, el debate y la participación social, en una época caracterizada por una intensa actividad asociativa y por el protagonismo creciente de las organizaciones culturales dentro de la vida pública de la ciudad.

Tal día como hoy, hace 94 años, un grupo de vecinos linenses decidió que la cultura, la educación y la divulgación social merecían tener un nuevo hogar en la ciudad: el Ateneo de Divulgación Social.



Transcripción Literal

AYUNTAMIENTO
DE
LA LÍNEA

Directiva

A las diez de la noche del día de hoy, tuvo lugar la reunión que para la constitución del Ateneo de divulgación social había autorizado V.S.

Preside Juan Parrado Ríos; el cual manifiesta que por haberse clausurado el anterior Ateneo han tenido necesidad de crear este otro.

A continuación se da lectura al Reglamento discutiéndose ampliamente si se da entrada en la entidad a los políticos, acordándose que no.

Se lee el estado de cuentas que arroja una existencia en Caja de ochenta y cinco céntimos.

Se procede a nombramiento de Directiva que da el siguiente resultado.

Secretario General: Manuel Gacela Santos

Secretario Adjunto: Eugenio Vallejo Herrero

Tesorero: Pascual Ríos Tórres

Contador: Antonio Piñer Rivera

Bibliotecario: Rafael González González

Vocales: Francisco Cezar Sánchez, Antonio Romero Zambrana y Diego Gómez Benítez.

A continuación proponen la creación de un grupo artístico, otro naturista y otro pro-prensa, y por último una Comisión revisora.

Acuerdan reunirse el martes próximo, levantándose seguidamente la sesión.

Lo que participo a V.S. para su conocimiento.

Sea guardada la vida de V.S. muchos años.

La Línea, a 28 de junio de 1932.

El Oficial Delegado

(firma manuscrita)

Daniel Sanchíz (firma parcialmente legible)

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad.




¿Sabías que…? Tal día como hoy, 8 de junio, en 1929, se aprobó la reforma del Reglamento de la Sociedad Protectora de la Caza de La Línea y San Roque

 










La Sociedad Protectora de la Caza de La Línea y San Roque: organización, disciplina y defensa del patrimonio cinegético (8 de junio de 1929)

A finales de la década de 1920, la actividad cinegética constituía una parte importante de la vida económica y social de numerosos municipios del Campo de Gibraltar. La caza no era únicamente una afición practicada por determinados sectores de la población, sino también una fuente de recursos para muchas familias y un elemento estrechamente vinculado a la explotación tradicional del medio rural. En este contexto surgió la necesidad de organizar asociaciones capaces de velar por el cumplimiento de las leyes cinegéticas y de proteger las especies existentes frente a la caza furtiva y los abusos que amenazaban la conservación de la fauna.

Con ese propósito desarrolló su actividad la Sociedad Protectora de la Caza de La Línea de la Concepción y San Roque, una entidad que agrupaba a cazadores de ambos términos municipales y que, en junio de 1929, aprobó una importante reforma de su reglamento interno.

El documento conservado refleja que aquella modificación fue acordada en una Junta General Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 1929, siendo posteriormente aprobada por el General Gobernador Militar del Campo de Gibraltar en Algeciras el 10 de julio de 1929. El reglamento reformado constituía una completa normativa interna destinada a regular la vida de la asociación, los derechos y deberes de los socios y la protección efectiva de la riqueza cinegética existente en la comarca.

La defensa de la caza como riqueza pública

Desde sus primeros artículos, el reglamento definía claramente la misión fundamental de la entidad. La Sociedad Protectora de la Caza declaraba que su objetivo principal consistía en velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relacionadas con la actividad cinegética.

La asociación se comprometía a colaborar activamente con las autoridades y funcionarios encargados de aplicar la legislación de caza, ayudando por todos los medios a su alcance a garantizar el respeto de las normas vigentes.

La finalidad última era evitar la desaparición de las especies cinegéticas y proteger un recurso considerado entonces un importante elemento de riqueza pública. La preocupación por la conservación de la fauna aparece de forma constante a lo largo de todo el reglamento, reflejando una mentalidad que comenzaba a incorporar conceptos de protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

La sociedad se comprometía además a perseguir sin contemplaciones cualquier infracción de las leyes cinegéticas, considerando que la vigilancia y la denuncia de los infractores constituían obligaciones esenciales de la entidad.

El compromiso de los socios

La pertenencia a la sociedad implicaba una serie de deberes muy estrictos. Los socios asumían formalmente la obligación de respetar las leyes de caza y colaborar activamente en su cumplimiento.

El reglamento establecía que cualquier miembro que tuviese conocimiento de una infracción estaba obligado a comunicarla inmediatamente a la Junta Directiva. El silencio o el encubrimiento podían tener consecuencias graves, ya que la sociedad consideraba que quien ocultase una infracción podía convertirse en cómplice del infractor.

Esta disposición refleja el elevado grado de disciplina interna que se pretendía imponer. No se trataba únicamente de una asociación recreativa, sino de una organización concebida para actuar como colaboradora de las autoridades en la vigilancia de la actividad cinegética.

Clases de socios y sistema de cuotas

El reglamento diferenciaba entre dos categorías de miembros: socios numerarios y socios honorarios.

Ambos podían participar en las deliberaciones de la entidad, aunque para ejercer plenamente sus derechos era imprescindible encontrarse al corriente del pago de las cuotas establecidas.

La financiación de la asociación descansaba fundamentalmente sobre las aportaciones económicas de sus miembros. Los socios numerarios debían satisfacer una cuota semanal de cincuenta céntimos de peseta. En los meses de cinco semanas, la aportación ascendía a dos pesetas con cincuenta céntimos.

Las cuotas debían abonarse puntualmente entre los días uno y diez de cada mes vencido. Además, quienes deseasen ingresar en la entidad estaban obligados a satisfacer una cuota de entrada de diez pesetas, cantidad que representaba una suma apreciable para la época.

El reglamento contemplaba incluso situaciones especiales. Los nuevos socios que se incorporasen durante el año debían pagar, además de la cuota de entrada, las mensualidades acumuladas desde enero, garantizando así la igualdad económica entre todos los miembros.

La reincorporación tras una baja también estaba regulada con rigor. Quien abandonase la sociedad y posteriormente solicitase su reingreso debía abonar todas las cuotas atrasadas junto con una nueva cuota de entrada de veinticinco pesetas.

La obligación de proteger la fauna

Uno de los aspectos más significativos del reglamento era la responsabilidad asignada a los socios en la conservación de las especies cinegéticas.

Todos los miembros estaban obligados a respetar y hacer respetar las vedas establecidas por la legislación vigente. La sociedad consideraba que la protección de los períodos de reproducción era esencial para garantizar la supervivencia de la fauna.

Quien incumpliera estas obligaciones podía ser expulsado de la asociación y denunciado ante las autoridades competentes.

La normativa también imponía determinadas obligaciones de comportamiento en el campo. Los cazadores debían respetar las propiedades agrícolas, evitar daños en sembrados y mantener una conducta correcta en los terrenos donde se les autorizaba a practicar la caza.

La colaboración con los propietarios rurales aparece reflejada como un elemento fundamental para asegurar la continuidad de la actividad cinegética.

Multas y sanciones internas

La sociedad disponía de mecanismos disciplinarios propios destinados a corregir comportamientos considerados perjudiciales para la asociación o para la conservación de la caza.

Los socios que incumpliesen determinadas obligaciones podían ser sancionados con multas comprendidas entre cinco y veinticinco pesetas, cantidades importantes para la época.

Estas sanciones económicas se sumaban a las consecuencias previstas por la legislación oficial, creando un sistema de doble control: el ejercido por las autoridades públicas y el desarrollado por la propia asociación.

La prohibición de la caza encubierta durante la veda

Entre las disposiciones más llamativas del reglamento figuraba la prohibición absoluta de internarse en el campo acompañado de perros durante los períodos de veda.

La norma afectaba a todos los socios sin excepción y perseguía impedir prácticas que pudieran encubrir actividades de caza ilegales.

El reglamento especificaba que ni siquiera el pretexto de pasear o atravesar caminos justificaba la presencia de perros capaces de perseguir o matar piezas de caza.

La simple comprobación de este comportamiento podía dar lugar a la apertura de expedientes y a la aplicación de las sanciones previstas tanto por la sociedad como por la legislación vigente.

Una organización cuidadosamente estructurada

La dirección de la entidad recaía en una Junta Directiva integrada por Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Contador, Secretario y seis Vocales.

Todos los cargos tenían carácter gratuito y obligatorio durante el período de mandato. No obstante, los directivos podían ser reelegidos cuando destacasen por su dedicación, entusiasmo y servicios prestados a la sociedad.

Las elecciones se celebraban anualmente y las decisiones se adoptaban por mayoría de votos en Junta General.

Para desempeñar cualquier cargo era imprescindible estar al corriente del pago de las cuotas sociales y residir en La Línea de la Concepción o en San Roque.

El papel del Presidente

El Presidente era considerado el representante legal de la sociedad.

Entre sus funciones figuraban la presidencia de las sesiones, la convocatoria de juntas y la coordinación con autoridades y funcionarios públicos.

El reglamento le atribuía además una misión especialmente importante: denunciar inmediatamente cualquier infracción de la Ley de Caza y personarse en los procedimientos judiciales cuando fuese necesario para defender los intereses de la asociación.

La severidad de la normativa alcanzaba incluso a los propios socios. Quien fuese condenado judicialmente por una infracción cinegética podía ser expulsado automáticamente de la entidad sin posibilidad de reclamación.

La actividad ordinaria de la asociación

La Junta Directiva debía reunirse al menos una vez al mes para supervisar el funcionamiento de la entidad y estudiar cualquier incidencia relacionada con la protección de la caza.

Además, el reglamento establecía la celebración de dos Juntas Generales Ordinarias cada año: una en febrero y otra en agosto.

Las convocatorias debían anunciarse con antelación tanto en los periódicos locales como en los tablones de la propia sociedad, reflejando la importancia que se concedía a la participación de los socios en la vida interna de la organización.

Los guardas jurados y la vigilancia del campo

El reglamento contemplaba igualmente la existencia de guardas jurados al servicio de la sociedad.

Estos empleados se regían por una normativa específica y constituían el principal instrumento de vigilancia sobre el terreno.

Su misión consistía en detectar infracciones, proteger las especies cinegéticas y colaborar con las autoridades en la aplicación de la legislación de caza.

La presencia de estos guardas demuestra el grado de organización alcanzado por la entidad y la importancia que la protección de la fauna había adquirido en aquellos años.

El domicilio social y la permanencia de la entidad

La Sociedad Protectora de la Caza fijó su domicilio en la calle Doctor Villar, una de las vías más representativas de la ciudad durante aquellos años.

El reglamento concluía con una declaración reveladora del espíritu de la asociación. Se establecía expresamente que la sociedad no debía disolverse mientras existieran socios dispuestos a sostenerla, incluso mediante el pago de cuotas extraordinarias si fuese necesario.

Esta disposición reflejaba la voluntad de permanencia de una entidad que pretendía convertirse en una institución estable dentro de la vida social del Campo de Gibraltar.

La aprobación definitiva del reglamento el 10 de julio de 1929 por parte del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar otorgó plena validez a una normativa que constituye hoy un valioso testimonio de cómo se organizaba la actividad cinegética en la comarca durante los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera. El documento permite conocer no solo las prácticas de caza de la época, sino también la existencia de una compleja red asociativa preocupada por la conservación de la fauna, la disciplina de sus miembros y la colaboración con las autoridades en la protección de uno de los recursos naturales más apreciados del territorio.

Tal día como hoy…

Tal día como hoy, 8 de junio de 1929, la Sociedad Protectora de la Caza de La Línea de la Concepción y San Roque aprobó una profunda reforma de su reglamento interno. A través de sus 26 artículos, la entidad reguló la actividad cinegética, la conservación de las especies, la disciplina de sus socios y la organización de una de las asociaciones más representativas del Campo de Gibraltar de finales de los años veinte. El documento constituye hoy una extraordinaria fuente histórica para conocer cómo se practicaba y protegía la caza en la comarca durante aquella época.



Fotografía generada por IA




Transcripción Literal

Portada

Reglamento

Sociedad Protectora de la Caza

de

La Línea y San Roque

(Copia oficial con sello de la Sociedad Protectora de la Caza de La Línea).

Reglamento de la Sociedad Protectora de la Caza de La Línea de la Concepción y San Roque

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA CAZA
de
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN Y SAN ROQUE

Reforma hecha al Reglamento aprobado por el Excmo. Sr. General Gobernador Militar del Campo de Gibraltar el día 7 de Noviembre de 1928, y cuya reforma se ha llevado a cabo en Junta General extraordinaria celebrada por esta Entidad el día 2 de Junio de 1929.

REGLAMENTO

FINES Y OBJETOS DE ESTA ENTIDAD

Artº. 1º.—Esta Sociedad Protectora de la Caza, procurará y así se propone de velar por el más exacto cumplimiento de cuantas disposiciones hay dictadas y vigentes como lo que determina la Ley de Caza ayudando y auxiliando en todos cuantos medios le estén á su alcance á todas las autoridades y á todos los funcionarios encargados de hacerla observar y asimismo cumplirla.

Artº. 2º.—Esta Sociedad dará ejemplos escrupulosos respetando las referidas leyes y persiguiendo sin contemplaciones de ningún género á todos los que falten á sus preceptos, evitando con especialidad en este término Municipal como al igual en el de San Roque, la extinción de la caza importantísimo ramo de riqueza pública.

Artº. 3º.—Los socios por su parte, se comprometen bajo palabra de honor á observar y hacer cumplir las leyes y Reglamentos sobre la caza, denunciando á la Directiva cualquier transgresión de la misma de que tenga conocimiento.

Cuando algún socio tenga conocimiento de la comisión de una falta por alguno de los que pertenezcan á esta sociedad ó por personas ajenas á la misma y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la Directiva, será denunciado á los Tribunales juntamente con el infractor, como cómplice ó encubridor según el caso.

Artº. 4º — DE LOS SOCIOS.
Habrá dos clases de socios; numerarios y honorarios, los que tendrán voz y voto en todas las cuestiones que se ventilen y siempre que acrediten estar al corriente en el pago de las cuotas; á excepción del socio honorario que deberá ser relevado de abonar dicha cuota.

Artº. 5º.—Los socios numerarios, pagarán la cuota semanal de cincuenta céntimos de pesetas, y las mesas de cinco semanas, pagarán dos pesetas con cincuenta céntimos al mes, cantidad que tendrán que abonar sin excusa ni pretexto alguno en el domicilio de la Sociedad, desde el día uno al diez del siguiente de cada mes vencido, reservándosele el derecho á todos aquellos individuos que no siendo socios ó aun siéndolo, quieran contribuir con mayor cantidad; estas cantidades serán consideradas como donativos hechos á esta Sociedad.

El socio que por simpatizar con la idea y sin disfrutar de la caza, esté inscrito como tal en esta Sociedad, y aquellos que residan fuera de la Ciudad, quedan relevados de abonar sus cuotas en el domicilio de la sociedad, cuidando el tesorero de hacer efectivos los recibos correspondientes por medio de un empleado de la misma.

La cuota de diez pesetas será exigible además á las personas que deseen ingresar en esta Sociedad durante los meses de Diciembre y Enero de cada año; pero el que lo haga en cualquiera de los meses sucesivos, satisfarán también como entrada tantas mensualidades como hayan transcurrido á partir del indicado mes de Enero; es decir que si un socio desea ingresar en Julio, tendrá que abonar desde Enero anterior á la fecha que haga su ingreso, á razón de dos pesetas mensuales, y dos pesetas cincuenta céntimos los meses de cinco semanas, más una cuota de entrada de diez pesetas.

Artículo 6º

Los socios que sean baja por cualquier causa, no justificada á juicio de la Directiva, al intentar ingresar nuevamente en la Sociedad, tendrán que abonar todas las cuotas mencionadas en el artículo anterior, más una cuota de entrada ascendente á veinticinco pesetas.

Artículo 7º

El socio numerario que deje de pagar cuatro mensualidades sin que necesidades imperiosas se lo impidan, á juicio de la Directiva, será dado de baja de la sociedad, si no las hace efectivas al ser requerido debidamente por el Sr. Tesorero, quien dará cuenta á la Directiva para que se tome el acuerdo debido.

Artículo 8º

Es deber de los socios guardar y hacer respetar la veda de caza, auxiliando á la Directiva en cuanto le esté encomendado en el presente Reglamento.

El que oponiéndose á cumplir este requisito, haya infringido la Ley, será excluido de la sociedad y denunciado á las Autoridades para que ejerzan sobre él la más estrecha vigilancia.

Asimismo es deber de todo socio, cuando se levante la veda, respetar en el campo la propiedad, como es no pisar los sembrados, separarse del ganado cuando esté pastando, etc., muy en particular en aquellos terrenos donde los propietarios dan permiso para que los socios puedan dedicarse al ejercicio cinegético, pararse del ganado cuando esté pastando etc., muy en particular en aquellos terrenos donde los propietarios dan permiso para que los socios puedan dedicarse al ejercicio cinegético.

El que se oponga á este requisito, se entenderá que lo hace de mala fé y la Directiva podrá imponer multas de cinco á veinticinco pesetas, que ingresarán de la forma que determina el Artículo 5º. del presente Reglamento.

Los socios, dentro de los locales del domicilio de esta Entidad, guardarán las más correctas costumbres; no se entablarán discusiones que puedan ser objeto de menosprecio ó alteración á la Moral y más decentes costumbres, que es de imprescindible rigor observar en ella; y si algún socio faltase á este precepto, será corregido como proceda en consecuencias.

Queda prohibido que dentro de los salones de la sociedad existan juegos de ninguna especie ni clases.

Artículo 9º

De igual modo queda terminantemente prohibido á todo socio, sea cual sea su condición, que en épocas que esté en vigor la veda, se interne ni aún con pretexto de ir paseando ó cruzando veredas ó caminos algunos, como con ninguna clase de razones, con perros sea cualquiera su raza, que ayenten, puedan herir ó matar piezas algunas; pues no solo infringirán lo que determina este Artículo, sino que el hecho de verificarlo y probársele tal infracción, será constitutivo de delito, y en este caso queda comprendido en lo que determina el segundo párrafo del Artículo anterior.

Artículo 10º — DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva estará compuesta por un Presidente, Vice-presidente, Tesorero, Contador, Secretario y seis Vocales.

Los referidos cargos son gratuitos y obligatorios durante un año su desempeño, pudiendo ser reelegidos los que por su entusiasmo, asiduidad y celo en acudir á las Juntas o por sus relevantes méritos, se hicieran acreedores á tal distinción.

Las votaciones ó reforma del personal de la Junta Directiva se hará todos los años antes del segundo Domingo de Febrero, todo por mayoría de votos en sesión General ordinaria que se celebrará á tal fin, adoptándose los acuerdos de la Junta Directiva, y en caso de empate, decidirá el voto del Sr. Presidente.

Artículo 11º. — Para obtener cargo en esta Junta, se necesita ser socio numerario ó honorario estando domiciliado en la Línea de la Concepción ó San Roque, y al corriente en el pago de las cuotas, no pudiendo tomar parte en ninguna votación y acuerdo el socio que así no lo acredite con la presentación del último recibo.

En los terrenos que puedan ser cedidos á esta Sociedad para el disfrute de la caza, será requisito indispensable para tener derecho á ello, además de lo exigido por la Ley, estar al corriente en el pago de sus cuotas, cuyo recibo último deberá presentar á los Guardas ó dueño del terreno, si al efecto es requerido.

La inobservancia de este acuerdo, se considerará como una infracción comprendida en el artículo 5º de la vigente Ley de Caza, pues aquel que no cumple sus deberes para con la Sociedad, no puede obtener el permiso para dedicarse al Sport Cinegético y por tanto se le considerará como no socio.

Artículo 12º. — La Junta Directiva tendrá por lo menos una reunión mensual para ocuparse de la marcha referente á los asuntos de la asociación, y siempre que se tenga conocimiento de cualquier infracción, en cuyo caso, y con el carácter de urgente se comunicará al Presidente y este convocará á la Directiva al ser posible en el mismo día debiendo concurrir todos los que componen la misma, sin causa ni pretexto alguno, salvo el de enfermedad.

Artículo 13º. — EL PRESIDENTE.
Al Presidente es el representante legal de la Sociedad.

Primero. — Presidirá las Sesiones dirigiendo las discusiones; su voto será decisivo en caso de empate.

Segundo. — Convocará á Juntas Generales y de Directiva.

Tercero. — Se pondrá de acuerdo con las Autoridades y Funcionarios públicos para cuanto convenga al fomento de la Caza, como asimismo de la observación estricta de las Leyes que le afectan, y denunciará inmediatamente que tenga conocimiento de ello á los infractores de la Ley, mostrándose parte en los juicios, por sí ó por medio de Procurador ó Abogado que le represente, á quien otorgará poder para lo cual queda autorizado por el presente Reglamento, y el socio que sea condenado en juicio de falta como infractor de dicha Ley, será expulsado de la Sociedad sin tener derecho á reclamación alguna.

Artículo 14º. — VICE-PRESIDENTE

Ejercerá las funciones del Presidente en las vacantes, por enfermedad ó ausencia de este, teniendo los mismos deberes y atribuciones que correspondan al Presidente, contribuyendo con sus inspiraciones al mejor acierto del último.

Artículo 15º. — DE LOS VOCALES

Los Vocales están obligados á observar los acuerdos que se tomen y desempeñar los cargos que se les confíen particularmente, así como de representar al Presidente, Vice-presidente y Secretario en caso de ausencia ó enfermedad de algunos.

Además, les compete la inspección especial en lo que afecta respeto á las Leyes de Caza, como la represión de los contraventores, ilustrándole y comunicándole al Presidente todas las noticias referentes á cualquier transgresión de estas disposiciones y de las dictadas por la Ley á fin de que se haga fácil todo medio de pruebas para la más eficaz y rápida ejemplaridad.

Artículo 16º. — EL TESORERO Y CONTADOR

El tesorero tendrá bajo su custodia los fondos de la Sociedad, llevando un libro de ingresos y gastos.

El Contador pasará mensualmente su resultado á otro libro que servirá de base para el balance anual y formalización de cuentas de la Sociedad.

Ambos intervendrán en todas clases de recibos y no autorizarán pago alguno sin que dichos comprobantes lleven la firma del Presidente.

Artículo 17º. — EL SECRETARIO

El Secretario llevará la documentación toda de la Sociedad, consiguiente en un libro de Actas y lo que determina la Ley, sin que tenga voz ni voto, y sí solo el deber de ilustrar á la Junta Directiva en cuantos casos lo necesite.

Artículo 18º. — DISPOSICIONES GENERALES

Es del más escrupuloso secreto por parte de la Junta Directiva guardar respecto á las denuncias que por parte de cualquiera persona se formulasen acerca de alguna transgresión á las Leyes de Caza y disposiciones de este Reglamento.

Artículo 19º

Las Juntas generales ordinarias se celebrarán el segundo Domingo de Febrero y el tercer Domingo de Agosto de cada año, previa convocatoria del Presidente con ocho días de anticipación, en los periódicos de la localidad y en los carteles de la Sociedad.

Artículo 20º

La celebración de Juntas Generales extraordinarias á instancia de los asociados, siempre se efectuarán cuando lo soliciten por escrito diez socios numerarios y cuando por considerarse oportuno lo acuerde la Directiva cuya convocatoria se hará como se expresa en el artículo anterior.

Artículo 21º

Para elección de cargos y tomarse los acuerdos que pueda causar ésta, bastará con la mayoría de votos de los socios de número concurrentes, sin que en ningún caso sea precisa la segunda convocatoria.

Artículo 22º

Las cantidades que por ministerio de la Ley correspondan á los denunciantes, la mitad se le entregará á éstos y la otra mitad será destinada al fondo de la Sociedad.

Artículo 23º

Los Guardas-jurados que tenga la Sociedad, se regirán por el Reglamento especial aprobado al efecto.

Artículo 24º

Esta Sociedad fija su domicilio en la Calle Doctor Villar, número 7, patio de Vegazo.

Artículo 25º

Nunca se efectuará la disolución de la Sociedad, mientras socios entusiastas se comprometan á sostenerla aunque sea pagando cuotas extraordinarias para cuyo efecto queda autorizada la Directiva.

Artículo 26º

En caso de disolución de esta Sociedad, los bienes ó muebles de la misma serán entregados á los señores socios que lo han legado.


Aprobado éste Reglamento reformado en Junta General extraordinaria celebrada por los socios de la misma el día 2 de Junio de 1929.

El Presidente
Antonio Flores

El Secretario
José Garrido (firma parcialmente legible)

Algeciras, 10 de Julio de 1929

Aprobado.

El General Gobernador

(firma manuscrita)

Muñera (firma parcialmente legible)


Sello

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA CAZA
LA LÍNEA Y SAN ROQUE
E. M.








¿Sabías que…? Tal día como hoy, 30 de junio, en 1922, se defendió en las Cortes la creación de una Zona Franca para La Línea de la Concepción
















 


La defensa de La Línea en las Cortes: José Luis Torres Beleña y la batalla parlamentaria por una Zona Franca (30 de junio de 1922)

El 30 de junio de 1922 se desarrolló en el Congreso de los Diputados una de las intervenciones parlamentarias más significativas relacionadas con la historia económica de La Línea de la Concepción. En aquella sesión, el diputado José Luis Torres Beleña, representante del distrito de Algeciras, tomó la palabra para exponer ante la Cámara la difícil situación que atravesaba el Campo de Gibraltar y, de forma muy especial, la ciudad de La Línea.

Su discurso no se limitó a una simple petición administrativa. Constituyó una extensa defensa de una población que, a su juicio, sufría las consecuencias de unas circunstancias económicas excepcionales y que necesitaba una respuesta urgente por parte del Estado. El eje central de su intervención fue la propuesta de crear una Zona Franca o Depósito Comercial Franco, medida que consideraba imprescindible para asegurar el futuro de la ciudad.

Una ciudad construida alrededor de Gibraltar

Torres Beleña comenzó describiendo las particularidades de La Línea. Recordó que se trataba de una población relativamente joven que había experimentado un crecimiento extraordinario desde su fundación. Durante décadas, buena parte de su prosperidad había estado ligada a la actividad económica de Gibraltar, donde miles de trabajadores españoles encontraban empleo en el Arsenal, en los muelles, en los depósitos de carbón y en numerosos servicios relacionados con la actividad portuaria y militar británica.

Aquella circunstancia había permitido el desarrollo de la ciudad y el sostenimiento de miles de familias. Sin embargo, los cambios que se estaban produciendo en la colonia británica estaban reduciendo progresivamente las oportunidades de trabajo para los obreros españoles. El resultado era un incremento constante del desempleo y una creciente preocupación social.

El diputado explicó que la situación afectaba especialmente a los trabajadores más humildes, que veían desaparecer las posibilidades de empleo que durante años habían encontrado al otro lado de la frontera. Para una ciudad cuya economía dependía en gran medida de esa realidad, el problema adquiría proporciones alarmantes.

El drama de la emigración

A medida que avanzó su intervención, Torres Beleña describió las consecuencias humanas de aquella crisis. Según expuso ante la Cámara, numerosos vecinos se estaban viendo obligados a abandonar sus hogares para buscar oportunidades en otros lugares.

Argelia, Marruecos francés y distintos países de América se habían convertido en destinos habituales para muchos trabajadores del Campo de Gibraltar. Aquella emigración no respondía a un deseo de aventura ni a la búsqueda de mejores condiciones de vida, sino a una necesidad imperiosa de supervivencia.

El diputado presentó esta realidad como una auténtica tragedia social. Familias enteras quedaban separadas y numerosos jóvenes abandonaban su tierra ante la falta de perspectivas laborales. La emigración aparecía como la única salida para muchos hogares que no encontraban recursos suficientes para subsistir.

Una población laboriosa y patriótica

Lejos de ofrecer una imagen de dependencia o resignación, Torres Beleña quiso destacar las virtudes de los habitantes de La Línea. Describió a los linenses como una población trabajadora, emprendedora y profundamente vinculada a España.

Insistió en que el crecimiento de la ciudad había sido fruto del esfuerzo de sus vecinos y de su capacidad para aprovechar las oportunidades económicas existentes. Recordó que en pocas décadas La Línea había pasado de ser un pequeño núcleo de población a convertirse en una de las ciudades más importantes de la provincia de Cádiz.

En varios momentos de su intervención rechazó los prejuicios que, desde algunos sectores, asociaban a la ciudad con intereses extranjeros o con una supuesta falta de sentimiento nacional. Según afirmó, los linenses habían demostrado reiteradamente su españolidad y merecían el mismo apoyo que cualquier otra población del país.

La falta de tierras y de alternativas económicas

Uno de los aspectos más importantes del discurso fue el análisis de las limitaciones estructurales que sufría La Línea.

Torres Beleña explicó que el término municipal era extremadamente reducido y que apenas disponía de tierras cultivables. A diferencia de otras localidades que podían absorber parte del desempleo mediante actividades agrícolas, La Línea carecía de esa posibilidad.

La escasez de terreno hacía imposible desarrollar una economía agraria capaz de proporcionar trabajo a miles de obreros. Las pequeñas huertas existentes resultaban insuficientes para afrontar una crisis de aquellas dimensiones.

Esta circunstancia convertía a la ciudad en un caso excepcional que requería medidas igualmente excepcionales. A juicio del diputado, el Gobierno no podía aplicar las mismas soluciones previstas para otras regiones porque la realidad linense era completamente distinta.

Las restricciones aduaneras como obstáculo al progreso

El parlamentario dedicó una parte importante de su intervención a denunciar las limitaciones impuestas por la legislación aduanera.

Según explicó, las Ordenanzas de Aduanas prohibían el establecimiento de determinadas industrias dentro de una franja próxima a la frontera. Esta normativa afectaba directamente a La Línea y a parte del término municipal de San Roque.

Como consecuencia de estas restricciones, numerosas iniciativas empresariales no podían desarrollarse en la zona. La ciudad quedaba atrapada en una situación paradójica: no disponía de agricultura suficiente para generar empleo y tampoco podía industrializarse debido a las limitaciones legales existentes.

Torres Beleña sostuvo que aquella normativa, diseñada para prevenir el fraude y el contrabando, terminaba castigando injustamente a una población que necesitaba con urgencia nuevas oportunidades económicas.

La propuesta de una Zona Franca

Llegado este punto, el diputado presentó la solución que defendía ante las Cortes.

La creación de una Zona Franca permitiría establecer depósitos comerciales, industrias de transformación y actividades mercantiles orientadas al comercio internacional. Gracias a esta medida podrían instalarse empresas dedicadas al procesamiento de materias primas y al intercambio de mercancías con Marruecos y otros mercados cercanos.

Torres Beleña argumentó que la privilegiada situación geográfica de La Línea constituía una ventaja extraordinaria que estaba siendo desaprovechada. Convertir la ciudad en un centro comercial de carácter franco permitiría atraer inversiones, crear empleo y diversificar la economía local.

Para el diputado, aquella propuesta representaba la única alternativa realista capaz de responder a la magnitud de la crisis que atravesaba la comarca.

La oposición del Gobierno

La propuesta fue respondida por el ministro de Hacienda, Francisco Bergamín, quien reconoció la existencia de dificultades económicas en la zona y manifestó su disposición a estudiar posibles medidas de apoyo.

No obstante, el ministro rechazó la idea de establecer una zona franca. Argumentó que una medida de ese tipo podría favorecer el contrabando y generar nuevos problemas fiscales para el Estado. Además, expresó el temor de que una mayor libertad comercial terminara reforzando la influencia económica de Gibraltar sobre el territorio español.

Aquellas objeciones reflejaban una preocupación que llevaba años presente en distintos organismos de la Administración. La proximidad de Gibraltar hacía que cualquier iniciativa económica relacionada con la frontera fuese examinada con especial cautela por parte de Hacienda.

Un alegato final en defensa de la ciudad

Lejos de resignarse, Torres Beleña insistió en que los riesgos señalados por el Gobierno no podían justificar la inacción.

Recordó que numerosos expertos habían estudiado anteriormente la posibilidad de implantar un régimen especial para la comarca y sostuvo que los beneficios económicos superarían ampliamente los posibles inconvenientes.

Su discurso terminó convirtiéndose en una apasionada defensa de La Línea y de sus habitantes. Reclamó que el Estado atendiera las necesidades de una población que había contribuido al desarrollo nacional y que ahora solicitaba apoyo para superar una situación extraordinariamente difícil.

El rechazo de la propuesta y su legado histórico

Finalmente, la Cámara no tomó en consideración la proposición defendida por Torres Beleña. La creación de una Zona Franca para La Línea quedó descartada y la iniciativa no prosperó.

Sin embargo, el debate dejó una profunda huella en la historia de la ciudad. A través de aquella intervención quedaron reflejadas muchas de las cuestiones que marcarían la evolución económica del Campo de Gibraltar durante décadas: la dependencia laboral respecto a Gibraltar, la búsqueda de alternativas industriales, las limitaciones derivadas de la frontera y la necesidad de medidas específicas para una comarca con características únicas.

Más de cien años después, aquel discurso continúa siendo uno de los testimonios parlamentarios más importantes sobre la problemática económica de La Línea de la Concepción. La intervención de José Luis Torres Beleña permanece como un ejemplo de la defensa realizada desde las Cortes en favor de una ciudad que luchaba por encontrar un camino propio de prosperidad y desarrollo. 


De Izquierda a derecha José Cruz Herrera, Luis Ramírez Galuzo, José Luis de Torres Beleña, Cayetano Ramírez y Francisco Ramos Fernández de Córdoba



Transcripción Literal:

Intervención de José Luis Torres Beleña en el Congreso el 30 DE JUNIO DE 1922

El Sr. TORRES BELENA: Perfectamente; pues entonces, con la venia de la Presidencia, voy a apoyar mi proposición, lamentando no poder ser sobrio al exponer, porque la índole del asunto quizá me exija ser extenso.

Señores Diputados, como primer firmante de la proposición que se ha leído, me cabe el honor de apoyarla, a pesar de que todos y cada uno de los dignísimos parlamentarios que, libremente, han puesto su firma tras la mía, podrían, mejor que yo, infinitamente mejor que yo, defender la justa causa que la proposición entraña.

Esta proposición, Sres. Diputados, más que a una excitación, más que a una petición, más que a una demanda circunstancial dirigida al Poder público, encamínase a llamar la atención del Gobierno de S. M. sobre la crítica y difícil situación en que se encuentra una comarca española, amenazada de riesgos de alguna gravedad que pudieran resultar inevitables en plazo no lejano, por lo que es imprescindible y necesario marcar un rumbo para que, dentro estrictamente de la ley, en la órbita de la esfera legal, pueda desenvolverse la vida de un pueblo condenado a la ruina si persisten las actuales circunstancias y urgentemente no se pone remedio al mal que puede provocarla.

Yo, señores, no tendría necesidad de molestar la atención de mis compañeros evocando antecedentes, porque bien reciente está un debate en el que expuse con toda clase de detalles y con toda clase de argumentos cuál era la angustiosa situación del Campo de Gibraltar, donde hay alguna urbe populosa que, viviendo hasta ahora al amparo del trabajo de una vecina población extranjera, ve que ese trabajo va disminuyendo por semanas, por días, por horas, creándose con ello en la clase jornalera una situación que ahora, en estos críticos momentos, es difícil, pero que quizá mañana sería mortal si ese trabajo llegara a paralizarse por completo y la previsión del Gobierno, atendiendo los clamores de los de allí y las advertencias de los de aquí, no buscase medios legales y prácticos para sustituirlo.

La Línea de la Concepción es de las poblaciones del Campo de Gibraltar la que más directamente sufre la hondísima crisis que atraviesa hoy aquella región. Esa ciudad cuenta entre sus habitantes con un contingente obrero de notoria importancia numérica, y la mayor parte, casi la totalidad de los trabajadores que en La Línea tienen su albergue ganan su sustento con el trabajo del puerto de Gibraltar, especialmente en los servicios del Arsenal y en la carga y descarga de carbón para los buques surtos en la bahía, trabajo que ha ido poco a poco disminuyendo, y eso, unido a otras circunstancias, entre ellas a la exclusión del obrero español en algunas de las industrias de la plaza y a la limitación de otras labores, obliga al obrero, habitante de La Línea, a ir poco a poco abandonando esa población, pues no le queda otro recurso que emigrar.

Esa emigración se realiza en condiciones lamentables, una vez que no pueden salvaguardarse los que se ven obligados a abandonar el suelo patrio con la observancia de las prescripciones a las que forzosamente deben sujetarse los embarques en puertos españoles. Nuestras Autoridades, por no afectar a su jurisdicción, difícilmente pueden actuar cuando el obrero español al que es sumamente fácil el paso de aquella frontera sin necesidad de documento alguno y con medios sobrados para proveerse de los que se exigen en un puerto extranjero, para dar con sus cuerpos en los entrepuentes y bodegas de buques de distintas nacionalidades, no cuentan con otro amparo que el del Consulado de su país, que no puede multiplicarse ni atender con la solicitud que quisiera a cuantos sobre sus dignos y escasos funcionarios pesa.

La emigración, repito, es uno de los males que produce la falta de trabajo, y esta emigración, que no puede encauzarse ni orientarse, como ya en otro debate he dicho; hacia nuestra zona de protectorado en Marruecos, porque no se encuentra hoy en condiciones para poder recibir a los trabajadores, menos aún puede encauzarse al interior de nuestra Patria, porque precisamente de diferentes regiones de la Península emigra a diario, atraída, muchas veces, con falaces ofrecimientos la clase trabajadora. Por eso esta emigración se dirige a la Argelia, a la zona del protectorado francés de Marruecos o a la América del Sur, y no siempre en condiciones ventajosas, ni mucho menos, para los infelices emigrantes.

La población de La Línea de la Concepción tiene un censo real, efectivo, de cerca de 70.000 almas. Hace poco más de setenta años, cuatro barracones fueron los cimientos, la base, por decirlo así, de aquella población, que ha ido creciendo y desarrollándose hasta el punto de haber llegado a ser la tercera de la provincia de Cádiz, y esa población está compuesta en su totalidad de gente trabajadora, porque allí todos trabajan, y con la ayuda del trabajo se han creado modestas fortunas, se ha ido poco a poco desarrollando el comercio y adquiriendo medios de vida las profesiones liberales.

La Línea ha necesitado para su bienestar, para su desarrollo, de Gibraltar, del trabajo de Gibraltar, pues nadie ignora que en dicha plaza se construyeron obras que consumieron muchos millones, y en todas ellas el trabajo español, que tenía La Línea por hogar, fué el principal factor; pero también hay que reconocer que Gibraltar en todas las épocas ha necesitado y necesita de La Línea.

Y así, poco a poco, dignificados por el trabajo, los habitantes de La Línea dirigieron todas sus iniciativas a engrandecer la población en que vivían, y, por lo mismo que estaban tan inmediatos a suelo extranjero, en ellos existió siempre, con intensidad admirable, el cariño a un perfecto desastre, en España; no puede seguir esto así, y mientras el Parlamento no provea a esa necesidad con la urgencia que la misma necesidad exige por una ley bien sea la que está presentada o modificándola en la forma que el Parlamento acuerde, pero sin una provisión inmediata a esa necesidad urgente, no tendrá solución el problema, porque repare S. S. en que las Compañías no hacen estas cosas por gusto; su interés es que las mercancías lleguen a tiempo, y que no haya reclamaciones, que han alcanzado cifras fantásticas, como he tenido ocasión de decir al tratar de, contendiendo, con mucho honor para mí, con S. S. De modo que esta es la consecuencia ineludible de la situación de desorganización en que nos encontramos en España en materia de transportes: se trata de ser o no ser, y hay que resolver.

El Sr. NÁCHER: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rectificar.

El Sr. NÁCHER: Para dar las gracias al Sr. Ministro de Fomento por su solicitud, y, al mismo tiempo para encarecerle que si esas gestiones no dieran resultado, prosiga en su laudable empeño, y, al propio tiempo, significar que me reserve la Mesa la palabra para el próximo día, con objeto de hacer una pregunta al Sr. Ministro del Trabajo respecto a la cuestión social agraria de Motril, que está en estos momentos alcanzando tal magnitud, que bien pudiera dar lugar a días de luto, si el Poder público no interviene en forma adecuada.


Medidas para solucionar la crisis por que atraviesa el Campo de Gibraltar, y especialmente la ciudad de La Línea de la Concepción

Leída nuevamente la proposición no de ley del Sr. Torres Beleña, relativa al expresado asunto (Véase el Apéndice 3.º al Diario número 13), dijo:

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Torres Beleña tiene la palabra para apoyar su proposición.

El Sr. TORRES BELEÑA: Señor Presidente, yo he de rogar a S. S. que me permita plantear una cuestión previa.

La proposición que he de apoyar es de gran trascendencia para una importante región española; quizá sea oportuna una declaración de Gobierno, y aunque el Gobierno no está, como siempre, muy dignamente representado en el banco azul, es posible que sea la voz de su ilustre jefe, o, por lo menos, la del Sr. Ministro de Hacienda, la que deseen escuchar, al par que yo, las significadas personalidades cuyas firmas avaloran esta proposición.

Sometiéndome anticipadamente a lo que decida la Presidencia, puesto que para acatar sus disposiciones soy siempre el primero, desearía que se aplazara unos momentos el debate, puesto que ha anunciado su venida el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, quien ayer me ofreció hacerse cargo del contenido de nuestra demanda, y sin faltar al Reglamento, puesto que podría apoyarla antes de entrar en el Orden del día, podría aceptarse ese breve aplazamiento.

El Sr. PRESIDENTE: En el aplazamiento no hay ninguna dificultad. En lo que sea tan sólo por algunos momentos, sí pudiera haberla, porque vamos a entrar en una interpelación que yo no sé el tiempo que invertirá y que pudiera exigir que el derecho del señor Torres Beleña se trasladara a otro día, si es que no quedaba tiempo bastante después de la interpelación. De modo que S. S. puede optar, sin comprometerme, porque no depende de mi voluntad, si no, con mucho gusto lo haría, a que dentro de pocos momentos pueda su señoría apoyarla, una vez iniciado el debate a que he aludido.

El Sr. TORRES BELEÑA: Yo, Sr. Presidente, he dicho que de antemano me someto a lo que la Presidencia acuerde, pero he de hacer observar que quizá la declaración que yo deseo que surja del banco azul sería más concreta haciéndola el Jefe del Gobierno o el Ministro del Ramo y la discusión estaría más en armonía con la finalidad que la proposición entraña, pues no he de limitarme a molestar la atención del Congreso, haciéndole escuchar un discurso más, sino después de hacer resaltar la justicia de la demanda y obtener una categórica declaración de Gobierno, que aunque significara una repulsa habría de fundamentarse y razonarse.

El Sr. PRESIDENTE: Pues puede aplazarse; pero yo no respondo de que quede tiempo después para que S. S. la apoye, en cuyo caso quedaría para la próxima sesión, o sea el martes, en que haya horas destinadas a ruegos y preguntas.

El Sr. TORRES BELEÑA: Pues como es probable que vengan a la Cámara el Sr. Presidente del Consejo o el Sr. Ministro de Hacienda, si no tiene inconveniente la Presidencia iré desarrollando la tesis y exponiendo antecedentes, por si entretanto cualquiera de ellos se digna llegar a tiempo de contestarme. Con ello molestaré un poco más a la Cámara. Considero preciso hablar en la sesión de hoy, porque quizá la índole de los debates que están pendientes y que van a irse desarrollando, absorban por completo la atención del Congreso y no resulte pertinente ni oportuno en las próximas sesiones intercalar una discusión sobre tema más secundario. Por tanto, Sr. Presidente, prefiero, a un aplazamiento indeterminado, apoyar la proposición, cumpliendo, como sabe S. S., un deber ineludible, resultante de un imperativo mandato.

El Sr. PRESIDENTE: Pues apoye el señor Torres su proposición, sin perjuicio de que si el Sr. Presidente llega a tiempo, recoja para su Patria, para su España, dándose el caso extraño de que, a pesar de la proximidad y del trato íntimo y continuo con súbditos ingleses, es raro, contadísimo, el habitante de La Línea que hable otra lengua que la lengua castellana.

Pues bien: en esa ciudad española todos los ojos se vuelven hoy al Parlamento español, esperando que sus iniciativas sean acogidas por el Gobierno de la Nación y constituyan un rayo de esperanza que disipe negruras y alarmas, harto justificadas, que asaltan a todos aquellos habitantes, mucho más cuando han visto cerrarse el camino a peticiones legítimas, apoyadas por mí, durante muchos años, cerca de las Cortes y de los Gobiernos; cuando aún hieren sus oídos palabras pronunciadas por labios de Consejeros de la Corona, que parecían encaminadas a destruir todas sus esperanzas, para que, ensanchada la órbita de trabajo honrado, llegara aquel pueblo a su completa dignificación.

Los firmantes de la proposición sometida en estos instantes a la Cámara pretenden que se estudie una solución práctica al conflicto que ahora renace, que se busquen medios para que en La Línea, en San Roque, se pueda, por lo menos, vivir, y esos medios se esbozan en el texto de la proposición que defiendo, en la que no se pide que el Congreso, no ya exija ni señale al Poder público en forma imperativa lo que debe hacerse para que la crisis en el Campo de Gibraltar latente no continúe, sino que sólo de la Cámara se suplica que ruegue al Gobierno de S. M., en vista de tan excepcionales circunstancias, que estudie, a ser posible, entre otros remedios urgentes, la manera de aplicar a aquella región las disposiciones legales que regulan los depósitos comerciales y las zonas francas.

No se trata, Sres. Diputados, de una petición que al formularse pueda causar extrañeza y ser objeto de la más insignificante repulsa; porque tales anhelos, reflejados en unas cuantas líneas en la proposición que se debate, han sido estudiados, meditados, por las insignes personalidades que conmigo suscriben la demanda, y que no la hubieran suscrito si se tratase de utopías o exabruptos. Es una petición justa, una petición absolutamente legal y, sobre todo, absolutamente necesaria, como no he de cansarme de demostrar a los Sres. Diputados.

El término municipal de La Línea de la Concepción es muy reducido; puede decirse que el término municipal es la urbe, o sea toda la parte urbanizada, elegida, como se merece, por cuantos la visitan, como elogian a las Corporaciones que administran los intereses comunales, por la limpieza y policía de sus principales calles y por estar atendidos mejor que en algunas capitales de provincia todos los servicios municipales. Actualmente se está construyendo un hospital civil, iniciativa de una celosa autoridad militar, del coronel Díaz Enríquez, que cuando esté terminado habrá muchas poblaciones de primera categoría que no lo tengan igual. Y sólo se debe su creación a las dádivas del vecindario y a las subvenciones de las Sociedades populares. Allí la beneficencia y la enseñanza son atendidas en cuanto permite el presupuesto municipal; hay una oficina de urgencia y una instalación admirable debida a la caritativa institución de la Cruz Roja, con todo el material necesario y sin subvención alguna ajena a la población.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha tenido la virtud del ahorro. ¿Qué poco puede decirse esto de todos los Municipios de nuestra Nación! ¡Qué satisfactorio sería poder decirlo! Y la prueba de lo que indico está en que acaba de adquirir una finca magnífica, ya construida, rodeada de jardines, para Palacio municipal, invirtiendo en ella sus economías, como las invirtió antes adquiriendo el mercado público, que explotaba una entidad particular. En ese Palacio se han cedido construcciones anejas a Corporaciones dedicadas a la enseñanza. Eso demuestra que la Administración municipal de La Línea de la Concepción se preocupa de cumplir sus deberes y su actuación, susceptible siempre de mayor mejora, encamínase a solucionar problemas locales, como la traída de aguas y el saneamiento urbano, que parecían hasta hace poco insolubles.

Pero, como he dicho, aquel término municipal es reducido; es decir, que no hay, como en otras poblaciones, terrenos de cultivo de extensión bastante para explotaciones agrícolas que contribuyeran a que en la población viviesen en mejores condiciones. Sólo hay unas cuantas huertas que surten a la población y a Gibraltar y que poco a poco han ido formándose.

A pesar del anhelo constante de los habitantes de La Línea de la Concepción para establecer allí centros industriales y fabriles, existe una imposibilidad legal para lograrlo. Hay un valladar para que esos anhelos se realicen, y es la prescripción de nuestras Ordenanzas de Aduanas que impiden el establecimiento de fábricas y centros industriales a menos de 10 kilómetros de la frontera, y como La Línea de la Concepción empieza y nace en la misma frontera inglesa, no ya a todo su término municipal, sino hasta al mismo término municipal de la inmediata ciudad de San Roque, alcanza el veto del precepto férreo y a la vez arcaico, de las Ordenanzas de Aduanas, que impiden que allí pueda haber medios para que la vida industrial se desarrolle en la forma que se desarrolla en todas las poblaciones nacientes.

De no modificarse ese precepto como tantas veces he intentado y de no llegarse a soluciones que armonicen los intereses fiscales con la realidad, resultará que la vida industrial de La Línea no podrá nunca llegar a ser lo que merece ser, porque quien no ha podido aquí conseguir, a pesar de sus esfuerzos, la total habilitación de una Aduana, menos podrá conseguir la derogación de disposiciones aduaneras que sólo tienen vida ante el santo temor a la defraudación.

Resulta demostrado, Sres. Diputados, que es imposible que los males presentes creados por las circunstancias en que se encuentra aquella población puedan tener solución, ni fomentando la agricultura, por mucha intensidad que se le quisiera dar, porque falta el suelo cultivable, que es la primera materia, y menos tampoco por el desarrollo de la vida industrial, porque de no existir las trabas fiscales, por la proximidad de Marruecos, en los terrenos areniscos que circundan La Línea de la Concepción podrían establecerse fábricas, telares mecánicos, para poder surtir en condiciones ventajosas, con los productos que allí se manufacturaran y se elaboraran, a la región africana, dada la facilidad de los transportes y su baratura, puesto que esos productos podrían transportarse aunque fueran en veleros, sin tener que sufrir el encarecimiento de crecidos fletes.

No existe, pues, más que una solución, y es la que se indica en la proposición sometida al Congreso.

Existen disposiciones legales que regulan la creación de zonas francas, el establecimiento de depósitos comerciales, y yo pregunto a la Cámara y al Gobierno: ¿es que es por ilegal irrealizable esa solicitud, esas ansias del pueblo de La Línea de tener una zona franca para que en ella se pudieran establecer factorías, establecimientos y medios industriales para transformar las primeras materias? Voy a examinarlo bajo dos aspectos: bajo el aspecto político y bajo el fiscal o aduanero.

Sería impolítico si atentase al interés patrio, por tratarse de fronteras y proyectarse sobre La Línea la sombra del Peñón.

Pero de tal índole ni existe ni puede existir inconveniente alguno que altere la más insignificante fibra del sentimiento nacional.

Así lo han entendido también los firmantes de la proposición, todos ellos tan españoles como yo; no digo más, porque no hay quien me aventaje en el amor ferviente a la Patria. Por la vecindad a la plaza inglesa no hay el peligro más insignificante, y los hechos lo demuestran hasta la saciedad. Aquellos prejuicios arcaicos, aquellas ideas que en otros tiempos pudieron justificar ciertos recelos, hoy han desaparecido en absoluto. Durante años y años se llegó hasta privar a La Línea de todo medio de comunicación. Se reputaba casi como un delito de lesa patria hablar, no ya de construcción de carreteras, sino hasta de intentar componer caminos y veredas, y la vía que comunicaba La Línea y Gibraltar era vergonzosa.

A poco de jurar, en 1910, el cargo de Diputado, y cumpliendo el compromiso que contraje con mis electores del distrito de Algeciras de procurar por todos los medios que aquella región saliese del aislamiento, y que entre San Roque y La Línea se construyese una carretera decorosa, hube de oír en un despacho oficial, a persona de gran prestigio, a hombre de gran cultura y de probados servicios a nuestra Patria, el consejo amistoso de que variase de rumbo; que no solicitase carreteras o caminos para el Campo de Gibraltar, sino más bien que se abriesen simas y zanjas, porque La Línea era un barrio inglés, y era atentar contra la Patria, que estaba por encima de todo interés regional o político, el que aquella población tuviera fácil comunicación con la Península.

Yo quedé anonadado y estupefacto cuando, de labios tan prestigiosos como los que estas palabras pronunciaban, de persona para mí de respeto y autoridad, se me aconsejaba que cesara en absoluto en mis gestiones, y que tenía que abjurar de mis errores y faltar a los compromisos contraídos con mis electores. Afortunadamente, el prejuicio se borró mediante una actuación intensa y el altísimo amparo de quien desde puesto elevadísimo veía con clarividencia y justicia el problema, y las Cortes de 1910 votaron lo preciso para que cesara el aislamiento de aquella zona, y el Poder ejecutivo hubo de cumplimentar lo que acordó el Parlamento y sancionó S. M. el Rey.

Tengo la esperanza de que la misma gestación tenga el arduo problema del depósito o de la zona franca, que daría medios extraordinarios de vida a aquellas gentes laboriosas y honradas, dignas del apoyo de los Poderes públicos, y no del olvido y del desvío con que se reciben sus súplicas. Si hubiera el más insignificante temor de que el interés patrio resultase lesionado, ni aun ligeramente ensombrecido, tengan los Sres. Diputados por seguro que, a pesar de mi representación, no sería yo quien apoyase tal demanda, y hubiera sido el primero en oponer una negativa cerrada a quienes me la hubieran formulado; pero todos los firmantes de la proposición estamos plenamente convencidos de que si prosperase, si el Gobierno atendiera el ruego que en ella se formula (puesto que la proposición se limita a pedir que el Gobierno, con urgencia, estudie, pero ni siquiera que ejecute), si saliera del banco azul una palabra de esperanza, serviría para calmar la excitación de los ánimos de los habitantes del Campo de Gibraltar, que, por actuaciones parlamentarias no lejanas, se creen condenados a la miseria, y se han dirigido a hombres de buena voluntad del Parlamento, a las primeras figuras de la política, para que apoyen, en estas horas de tribulación y de amargura para aquéllos, las pretensiones que sin vocerío rebelde, sino con clamor digno y sereno, formulan, y sepan de una vez si el Gobierno de España está con ellos o los repudia como a hijos espurios.

Nada que afecte al altísimo sentimiento de la Patria se opone para que el Gobierno en este instante aconseje se tome en consideración esta proposición. En cuanto al interés fiscal, las últimas palabras de la proposición dicen claramente que sus firmantes aspiran a que los intereses del Tesoro se salvaguarden en forma que no pueda haber el menor riesgo para esos sagrados intereses. Lo que se solicita del Gobierno es que, armonizándolos con la concesión que se pretende, se adopten aquellas medidas necesarias para que con todo celo defiendan al Fisco los que deben defenderlo.

¿Dónde está el riesgo para los intereses fiscales? ¿Es que siempre va a surgir el interés aduanero, o el de aquellos que lo dirigen o monopolizan, para oponerse a la más insignificante de las concesiones que pretende obtener La Línea de la Concepción?

Es verdaderamente irritante, señores Diputados, que cuando se viene aquí año tras año defendiendo una causa justa con el tesón que emplea todo aquel que cree que cumple con su deber, el tope, el valladar, la barrera que se oponga a que se acuerden disposiciones fiscales justas, lo constituya el interés aduanero.

Pero ¿quién atenta a ese interés aduanero? Ya en otro debate lo he dicho. Esos altos funcionarios que lo invocan son los primeros interesados en que se cumplan las leyes, y con las leyes dictadas sobre materia para evitar el fraude si todos cumplen sus deberes. ¿Qué miedo les puede dar el que se habilitasen las ventanillas de la Aduana para el adeudo de toda clase de mercancías? ¿Qué les podía importar que, de prosperar la petición que ahora se sostiene, retrocediera la Aduana unos centenares de metros más hacia el interior, para que estuviera establecida de modo que las aguas inglesas no azotasen, como hoy azotan, los cimientos de la actual Aduana?

Mucho más atrás, estaría emplazada en terrenos bañados por aguas españolas, y de esta forma actuaría con más eficacia el Resguardo marítimo, y sería más eficaz también la vigilancia de la frontera, aun cuando hoy no cabe mayor vigilancia, pues por las puertas de la Aduana sólo puede entrar lo que se deje entrar.

Sabe muy bien la Cámara que no puede haber defraudación, que no puede existir esa defraudación aduanera sin complicidades; y de existir complicidad, con habilitación, sin habilitación, con zona franca o con recinto amurallado, se defraudará al Tesoro. Por eso, señores Diputados, ha sido mayor mi estupefacción cuando año tras año, visitando los despachos de los Sres. Ministros de Hacienda —la mayor parte de ellos personas que me dispensaban una amistad sincera—, después de oír que sentían por la petición que les formulaba vivísima simpatía y les convencía con mis argumentos, después, tras la inevitable conferencia del Ministro con los defensores de la Renta, surgía la obligada negativa a mis pretensiones.

Tras esa conferencia, el Diputado no iba ya a pleitear por una causa legítima; el Diputado no formulaba un ruego, creyendo de buena fe que se limitaba a servir únicamente los intereses del pueblo; el Diputado era ya una persona sospechosa, que no venía inconscientemente a apadrinar y proteger intereses bastardos de los que preparaban sus ataques a los intereses sagrados del Tesoro, en lo más sagrado que para el Tesoro puede haber: en la recaudación del impuesto de Aduanas.

La Cámara me perdonará que no ahonde en lo que pueda tener relación con la defensa de los intereses fiscales, porque, Sres. Diputados, si tocamos este tema —lo digo sinceramente— acaso no pueda dominarme. Yo procuro siempre decir aquello que deba decir; pero a veces la pasión se exalta y el freno que la prudencia suele poner en los labios desaparece. Entonces el apasionamiento se desborda y se pueden hacer manifestaciones que acaso sean inconvenientes.

Por eso, porque este tema es escabroso, no lo quiero tocar. Me basta con haberlo iniciado para que todos los Sres. Diputados traduzcan mis palabras.

El mayor anhelo de La Línea de la Concepción, la mayor de las finalidades que pretende es: que desaparezca el estigma infamante que pesa sobre aquella región laboriosa y digna, que, como es natural, aspira solo a desarrollarse, a vivir y desenvolverse. ¿Es que solamente por la frontera de la plaza de Gibraltar puede atentarse a los intereses del Tesoro? Hacer semejante aseveración constituye un lugar común que, desgraciadamente, se repite; yo lo he escuchado, a veces con amargura, y otras con indignación, porque, al fin y al cabo, me cabe la honra de representar muchos años en el Parlamento aquel territorio.

Señores Diputados, yo me he deleitado hojeando las páginas de un novelista ilustre de nuestra Patria, de un escritor valenciano de renombre mundial, y he leído, como seguramente muchos de los que me escuchan, la novela “Flor de Mayo”, donde se describe el contrabando que, con una intensidad verdaderamente pasmosa, se hace en otros parajes de la costa levantina, y no hace mucho he leído también telegramas de Prensa donde se hablaba hasta de cuestiones personales surgidas entre distintos representantes del Fisco; en la región nordeste, precisamente por algo que pudiera relacionarse con la mayor o menor vigilancia, o con la mayor o menor impunidad de los dedicados a defraudar al Tesoro.

En esos mismos periódicos se han publicado hace poco telegramas extensos, dando cuenta de grandes alijos por parte bien lejana de La Línea de la Concepción. Dice un refrán: “Camino robado, camino seguro”. Es muy fácil, Sres. Diputados, echar sobre una región el peso infamante de calificativos que no merece, y que, en cambio, todos esos atentados a los intereses del Tesoro se cometan en sitios que nada tienen que ver con aquellos lugares citados; con lo propio, a los cuales parece que se les quiere aislar para que, en forma alguna, obtengan las ventajas que se conceden a los demás.

¿Y para qué volver a hablar de la célebre Sociedad contrabandista, de 20 millones de capital, descubierta por el Sr. Cambó? Tampoco tenía su domicilio en La Línea.

Señores, pido perdón a la Cámara por la extensión dada a mis palabras, con el exclusivo objeto de hacer tiempo para que llegaran el señor Presidente del Consejo o el Sr. Ministro de Hacienda, a quienes, cumpliendo el encargo de mis representados, hube de exponer sus deseos, haciendo llegar hasta ellos sus clamores. Puesto que ya se encuentra en la Cámara el Sr. Ministro de Hacienda, innecesario es que espere la llegada del Sr. Presidente, jefe del Gobierno, y pueda ya, Sres. Diputados, ahorraros la molestia de seguir escuchándome.

Conozco bien —con amargura tengo que decirlo— el pensamiento de S. S., Sr. Ministro de Hacienda, pero tengo que seguir cumpliendo con mi deber y solicitar que una voz autorizada cierre en absoluto el paso a las pretensiones de toda una comarca o tenga para ella algún aliento de justicia.

Es preciso que la Cámara forme juicio, y éste no puede formarse escuchando a una sola de las partes; es preciso que oiga la otra voz, que en este caso tiene importancia grandísima, por ser la del Gobierno, a la cual después, modesta y sinceramente, como siempre, opondré la réplica adecuada a su respuesta.

Aunque supongo lo que me va a contestar, espero la respuesta del Sr. Ministro para deducir de ella las oportunas consecuencias. Y no digo más.

El Sr. Ministro de Hacienda (Bergamín): Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. Ministro de Hacienda (Bergamín): La proposición de mi particular amigo y correligionario el Sr. Torres tiene dos extremos, a uno de los cuales se adhiere el Gobierno de una manera incondicional. Todo lo que sea fomentar por cualquier medio que esté al alcance del Estado elementos de vida para la población de La Línea, tan digna como todas las demás de España de la atención del Poder ejecutivo, tiene desde luego nuestro absoluto beneplácito, y esperamos que se traduzca en algo concreto de petición para demostrar que no es vana la promesa, y que los hechos responderán a las palabras.

Pero la orientación que tiene en el segundo extremo, aquella de establecer en La Línea una zona franca, es, a mi juicio, tan digna de estudio, como que de antemano todo Ministro de Hacienda sentiría respecto de ella una gran prevención. No hay que olvidar dónde se encuentra La Línea, que sin poder remediarlo es el punto de choque necesario, indispensable, entre los elementos que en Gibraltar no se preocupan mucho del cumplimiento de nuestras leyes fiscales y las ambiciones y el deseo natural que todo el mundo tiene de aprovechar las ventajas que eludir el impuesto fiscal proporciona.

Extender con una zona franca la esfera de acción de Gibraltar sería en un doble aspecto peligroso: en el aspecto puramente fiscal, peligrosísimo; pero en otro orden de ideas, aún más grave el peligro, porque sería extender el radio de acción de la plaza de Gibraltar a toda esa zona que se le diera como zona franca. Y claro está, en ese último extremo de la proposición, el Gobierno no puede aceptarla, ni permitir que sea tomada en consideración, a no ser que la Cámara opinara lo contrario.

El Sr. TORRES BELEÑA: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rectificar.

El Sr. TORRES BELEÑA: Me había anticipado a la respuesta de mi respetable amigo el Sr. Ministro de Hacienda, y ya me adelanté a cuanto se relacionaba con ese temor que asalta al Sr. Bergamín, que es el que para mí tiene más importancia, porque aun cuando lo que pueda relacionarse con el interés fiscal y con ese temido choque de in tereses legítimos y falsos, no deja de tener gravedad, mucha mayor la tiene, Sr. Ministro de Hacienda, lo que S. S. ha manifestado, o sea el temor del Gobierno de que la petición que la proposición entraña pueda dañar un interés que está por encima de todos los intereses.

El Sr. Bergamín conoce admirablemente el Campo de Gibraltar, conoce La Línea de la Concepción y conoce Gibraltar, y sabe perfectamente que lo que se pretende, que lo que se busca en la proposición es precisamente lo contrario de lo que él teme. Hoy día, ¿no entran y salen los individuos que en Gibraltar habitan, con toda libertad? ¿No tienen propiedades del otro lado de la frontera? ¿No pueden usar de sus derechos al amparo de la Constitución y de las leyes? ¿No es de hecho La Línea una prolongación de Gibraltar? ¿Es que puede dañar la zona franca al interés patrio? Lo único que puede haber es que la proximidad permita que aquellos que en la zona franca se dediquen o pretendan defraudar al Tesoro lo hagan como hoy pueden hacerlo en las inmediaciones de Port-Bou e Irún, en Navarra y en la raya de Portugal. Eso ocurrirá en las proximidades de todas las fronteras, en España y en todas las naciones que tengan fronteras.

Su señoría ha obtenido hace poco de la Cámara sanciones muy duras contra los delitos de defraudación y contrabando, y me parece que a La Línea de la Concepción, al revés, de aquella región que yo represento sólo han salido placemes, a pesar de la dureza de muchos de esos preceptos, y es por la razón suprema de que al que no trata de delinquir poco le importa que sean más o menos duros los castigos que se impongan al que falta a sus deberes, y por eso la inmensa mayoría de la población no se ha preocupado ni ha acudido a su representante para que viniera aquí con enmiendas, ni formulase siquiera la más pequeña indicación en el seno de la Comisión de Hacienda, de la cual me honro en formar parte, para que se atenuase ninguno de los preceptos consignados en ese proyecto ya aprobado del Gobierno de S. M.

Su señoría tiene medios: con disponer que aquellos que sirven o deben servir los intereses del Fisco cumplan estrictamente con su deber, está adelantando mucho camino para disipar esos temores que asaltan a S. S.; pero no es caritativo, en estos momentos, el cerrar la puerta tan en absoluto a la esperanza que ha hecho concebir a mis representados el haber redactado esa proposición en forma tan moderada y con finalidad tan modesta, pues en ella se deja en libertad al Gobierno para poder llegar a esa finalidad en la forma que estime más conveniente.

¿Por qué razón esa repulsa? ¿Por el interés político? ¿Es que pretendemos los firmantes de la proposición regalar a Gibraltar o a la nación inglesa un pedazo del territorio patrio? Pues el depósito franco y la zona franca son remedios indicados, antes que por este Diputado, por alguien que representa al Gobierno de S. M.

Al Sr. Ministro de la Gobernación entregó no hace mucho el gobernador militar del Campo de Gibraltar, el digno general Villalba, una Memoria explicando lo hondísimo de la crisis que allí se atraviesa, cómo había bajado la recaudación por consumos en La Línea, cómo la vida era allí imposible y cómo el único medio, ya que había dificultades para la habilitación de la Aduana, era conceder algo, dentro de la esfera del derecho y de la legislación, para que allí se pudiera vivir.

En segundo lugar, se nombró por el Sr. Cambó un alto empleado, titulado defensor de los intereses del Tesoro contra el fraude... (El Sr. Presidente agita la campanilla.) Voy a terminar, Sr. Presidente, y le ruego a S. S. que no me toque la campanilla; ya sé que S. S. está sufriendo al ver el sufrimiento que me produce la defensa de una causa justa y la forma en que ha sido recibida por el Gobierno.

Decía que este funcionario de gran retribución, de gran renombre, de gran inteligencia y de una hoja de servicios intachable, que al mismo tiempo es un general que viste el honroso uniforme militar, ha dicho en todas partes y en todas las formas —no sé si lo dijo en papel de oficio, porque no soy de los iniciados en las cuestiones de Gobierno— que el único remedio para que La Línea no perezca es establecer la zona franca.

Me parece, señores, que con estos precedentes y después con las firmas de las ilustres personas que han secundado mi demanda y autorizan la proposición, que son todas ellas españoles de corazón, podría S. S. haber buscado otro argumento y no apelar al interés patrio para fundamentar su negativa. Se trata no de un mezquino interés político ni de un minúsculo interés de partido, ni de un insignificante interés de distrito; se trata de algo más grave, más importante y de mayor trascendencia.

El Sr. Ministro de Hacienda, en nombre del Gobierno, sólo ofrece a La Línea de la Concepción que el Gobierno verá la manera de que aquella situación no continúe; mucho más hubiera agradecido a su señoría que hubiera añadido algunas palabras que hubieran servido de consuelo a aquella comarca, porque, dado el gran talento de S. S. y los medios de que dispone, bien podía haber indicado cuál podría haber sido la solución que el Gobierno ofrecía para intentar un remedio al mal.

Lamento no poder compartir mi opinión con el criterio de su señoría, que no puede satisfacer a aquellos en cuyo nombre hablo. Mis representados ya saben lo que pueden esperar de este Gobierno conservador.

Por eso yo, Sres. Diputados, solicito de la Cámara que sobre ella se pronuncie. Tengo que cumplir hasta el fin con mi deber y con el mandato recibido. Entrego la proposición a aquellos que me honraron suscribiéndola y honraron a la región que represento considerando justa y legítima su petición. Ellos considerarán si es o no oportuna una votación. No puedo decir más respecto a la proposición; lo único que hago es no retirarla.”

Hecha la oportuna pregunta por el señor Secretario (Ruiz Valarino), no fue tomada en consideración la proposición.

 

 


 

 

 

 

 


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