El Ayuntamiento de La Línea documentó oficialmente las víctimas del bombardeo italiano de julio de 1941
Los documentos conservados en el Archivo Municipal de La Línea de la Concepción permiten reconstruir con extraordinaria precisión la respuesta administrativa que siguió al bombardeo italiano sufrido por la ciudad durante la madrugada del 12 de julio de 1941, uno de los episodios más dramáticos de la historia contemporánea del municipio. A través de varios oficios intercambiados entre la Alcaldía y la Administración del Hospital Municipal puede seguirse el proceso mediante el cual las autoridades locales recopilaron la relación oficial de fallecidos y heridos para elevarla posteriormente a las autoridades del Estado, dentro de las gestiones diplomáticas que acabarían derivando en la reclamación de indemnizaciones al Gobierno italiano.
La tragedia se produjo cuando un bombardero Savoia-Marchetti SM-82 de la Aviación italiana, cuya misión consistía en atacar instalaciones militares británicas en Gibraltar, erró su objetivo y lanzó una de sus bombas sobre el casco urbano de La Línea. El impacto se produjo en la confluencia de las calles Duque de Tetuán y López de Ayala, destruyendo varias viviendas y causando una enorme devastación entre una población que apenas comenzaba a recuperarse de las penurias de la Guerra Civil.
La ciudad vivía entonces unos días especialmente señalados. Se ultimaban los preparativos para la celebración de la Velada y Fiestas de La Línea, que recuperaban lentamente su actividad tras los difíciles años del conflicto español. Durante la madrugada, entre las dos y las tres de la mañana, un fortísimo estruendo despertó a los vecinos. La explosión recordó inmediatamente los bombardeos vividos pocos años antes durante la Guerra Civil, aunque en esta ocasión el origen se encontraba en un conflicto internacional del que España, oficialmente, permanecía al margen.
La bomba cayó sobre una zona densamente habitada, reduciendo varias viviendas a un montón de escombros y dejando sepultadas bajo ellos a numerosas personas. El tendido eléctrico quedó destruido por la onda expansiva, de manera que gran parte de la ciudad permaneció completamente a oscuras. Para las labores de rescate hubo que recurrir a los focos de varios camiones militares que iluminaron durante horas el lugar del siniestro mientras soldados, bomberos, sanitarios y vecinos trabajaban para rescatar supervivientes y recuperar los cadáveres.
El primer documento conservado corresponde al 16 de octubre de 1941, cuando el alcalde Lutgardo García López remitió un oficio a la Madre Superiora encargada de la Administración del Hospital Municipal.
En dicho escrito, el Ayuntamiento manifestaba la necesidad de conocer con absoluta exactitud el número de víctimas ocasionadas por la explosión de la bomba de aviación ocurrida el pasado mes de julio y solicitaba, con carácter urgente, una relación circunstanciada de todos los heridos atendidos en el Hospital Municipal. El alcalde requería expresamente que dicha relación incluyera los nombres y apellidos de los lesionados, la naturaleza de las heridas sufridas y cuantos datos constaran en los archivos del establecimiento sanitario acerca de cada uno de ellos.
La petición no obedecía únicamente a un interés estadístico. En aquellas fechas el Gobierno español estaba reuniendo toda la documentación necesaria para tramitar oficialmente las reclamaciones diplomáticas frente al Gobierno italiano. Resultaba imprescindible disponer de una certificación precisa del número de fallecidos, del alcance de las lesiones sufridas por los supervivientes y de los daños ocasionados para poder valorar las indemnizaciones correspondientes.
Al día siguiente, 17 de octubre de 1941, la Administración del Hospital Municipal respondió mediante otro oficio firmado por la administradora del centro, en el que se daba contestación detallada a la solicitud municipal.
El documento constituye una de las fuentes más importantes para conocer el balance humano de la tragedia.
En primer lugar aparece Ana Serrano Pérez, que había sufrido una gravísima herida en la región parietal con importante lesión cerebral. Su pronóstico fue considerado grave y permaneció hospitalizada hasta el 20 de septiembre, más de dos meses después de la explosión.
A continuación figura Dolores Ruiz Sánchez, de dieciséis años, domiciliada en la calle López de Ayala número 13. Presentaba una importante herida en el labio inferior, fractura del fémur derecho en su tercio medio y diversas erosiones en la rodilla. El informe calificaba igualmente su estado como grave y hacía constar que posteriormente había sido trasladada a Jerez de la Frontera, donde continuaba su recuperación.
También aparece su hermana Encarnación Ruiz Sánchez, de quince años, quien sufrió múltiples contusiones y erosiones repartidas por distintas partes del cuerpo, permaneciendo hospitalizada durante cinco días.
Otra de las víctimas atendidas fue Concepción Bernabéu Sánchez, de veinte años, domiciliada igualmente en la calle López de Ayala número 3. El informe describe que padecía diversas contusiones, erosiones y un fuerte magullamiento generalizado que obligó a mantenerla ingresada durante aproximadamente un mes.
Completa la relación de heridos graves Jacinta Caballero Hidalgo, de dieciocho años, que sufrió diversas contusiones y erosiones permaneciendo hospitalizada durante un día, siendo posteriormente dada de alta.
Tras la relación de heridos, el documento incorpora el apartado más dramático del informe: la relación oficial de personas fallecidas.
La Administración del Hospital certificó la muerte de Maruja Caballero Hidalgo, Tomás Caballero Hidalgo, Joaquina Murillo Vega, Julia Rojas Torres y José Valdés Díaz, víctimas mortales de la explosión.
Detrás de cada uno de aquellos nombres existía una historia profundamente marcada por la dureza de la posguerra.
José Valdés Díaz, de apenas veintiún años, trabajaba como impresor. Era soltero y sostenía junto a su familia un hogar humilde. Su madre, viuda, obtenía únicamente seis pesetas diarias trabajando precisamente en el Hospital Municipal, con las que debía mantener además a otros tres hijos menores.
Julia Rojas Torres, natural de Ubrique, había emigrado a La Línea buscando mejores oportunidades laborales, como hicieron centenares de familias procedentes del interior de la provincia gaditana durante aquellos años.
Joaquina Murillo Vega, de treinta y dos años, trabajaba como sirvienta y residía en la calle Duque de Tetuán.
Los hermanos María y Tomás Caballero Hidalgo, de veintiuno y quince años respectivamente, fallecieron al derrumbarse la vivienda familiar. Sus padres sobrevivieron al bombardeo mientras otra hermana, Jacinta, resultó gravemente herida.
La documentación hospitalaria permitió fijar oficialmente el balance de víctimas que posteriormente sería utilizado por las autoridades españolas durante las negociaciones diplomáticas con Italia.
Paralelamente a estas gestiones administrativas, la Alcaldía emitió un bando dirigido a toda la población.
En él se comunicaba que el entierro de las víctimas tendría lugar aquella misma tarde, a las cinco y media, solicitándose expresamente que toda la población acompañara el traslado de los féretros desde el Hospital Municipal hasta el Cementerio. Igualmente se pedía al comercio local que cerrara sus puertas durante el desarrollo del cortejo fúnebre como muestra de duelo colectivo ante tan dolorosa tragedia.
La respuesta ciudadana fue extraordinaria.
Miles de linenses acompañaron los féretros por las calles de la ciudad junto al alcalde Lutgardo García López, el Gobernador Civil y las restantes autoridades provinciales y militares. La apertura oficial de la Velada quedó suspendida y se decretó luto oficial, aplazándose los actos festivos previstos para aquellos días.
Mientras tanto continuaban las investigaciones sobre el origen del bombardeo.
Las autoridades militares españolas comprobaron rápidamente que los restos encontrados pertenecían a bombas de fabricación italiana. Dos de los proyectiles lanzados aquella noche no llegaron a explotar y fueron localizados clavados en las dunas de la Playa de Poniente. Su desactivación exigió la intervención de especialistas desplazados desde Sevilla, conscientes del enorme peligro que representaban aquellos ingenios de aproximadamente quinientos kilogramos.
Durante los días siguientes continuaron sobrevolando la comarca aviones italianos del mismo modelo. En una de aquellas incursiones, varios proyectiles volvieron a caer sobre territorio español, concretamente en las playas de Campamento, aunque sin causar víctimas.
Las investigaciones desarrolladas por el Ministerio español de Asuntos Exteriores culminaron varios meses después cuando el Gobierno italiano reconoció oficialmente que, debido a circunstancias meteorológicas, era posible que las bombas destinadas a Gibraltar hubieran caído accidentalmente sobre territorio español. Italia aceptó indemnizar a las familias afectadas como gesto de amistad entre ambos países, aunque insistía en que aquella compensación tenía carácter extraordinario y no constituía precedente alguno.
El importe global fijado alcanzó aproximadamente 250.000 dólares de la época, cantidad muy considerable en aquellos años. Sin embargo, tras la caída del régimen fascista y el final de la Segunda Guerra Mundial, aquella indemnización acabaría descontándose de la enorme deuda que el régimen franquista mantenía con Italia por la ayuda militar prestada durante la Guerra Civil española. Todo indica que finalmente fue el propio Estado español quien asumió las indemnizaciones abonadas a las familias de los fallecidos y heridos, aunque la documentación conservada no permite conocer con exactitud las cantidades efectivamente percibidas por cada una de ellas.
Estos documentos municipales poseen un extraordinario valor histórico porque muestran la dimensión humana de una tragedia frecuentemente resumida en simples cifras. Más allá de los cinco fallecidos y de los numerosos heridos, permiten conocer cómo reaccionaron las instituciones locales, cómo se organizaron los servicios sanitarios, cómo se documentaron oficialmente las consecuencias del bombardeo y cómo la ciudad entera se movilizó para despedir a las víctimas de un ataque que nunca debió producirse. Constituyen, además, una prueba documental de la participación involuntaria de La Línea de la Concepción en la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo a la ciudad en uno de los escasos municipios españoles que sufrieron directamente los efectos de un bombardeo de la aviación del Eje sobre territorio nacional.
